Viernes 09/12/2016.

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El secretario general de la Asociación Española de Ciencia Política ve la medida "propia de la derecha liberal"

El catedrático considera que la limitación del déficit podría establecerse por Ley sin necesidad de reformar la Carta Magna
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El secretario general de la Asociación Española de Ciencia Política, Pablo Oñate, ha considerado que la reforma de la Constitución es más bien una medida "de imagen" o "guiño a los mercados", que además se entiende como una "autolimitación que se imponen los Estados a favor de una postura política propia de la derecha liberal".

Así lo ha puesto de manifiesto Oñate, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia, en declaraciones a Europa Press, en las que ha aseverado que se trata de una actuación "alejada de la socialdemocracia", que "siempre ha considerado que la intervención del Estado, en la medida que cada Gobierno considere necesaria, es un instrumento imprescindible para la reforma de la justicia social".

En este contexto, ha hecho hincapié en que la limitación del déficit podría establecerse por Ley sin necesidad de reformar la Carta Magna, dependiendo "del grado de solidez que se quiera dar a la medida". "Una Ley se cambia fácilmente, igual que una Ley orgánica. Si el límite está en la Constitución, es algo más difícil de incumplir", ha apuntado.

En cualquier caso, el catedrático ha recordado que los Estados miembros de la UE acordaron un límite del 3 por ciento de déficit anual, que "ignoraron cuando quisieron sin que hubiera más consecuencias", tal y como ha subrayado Oñate, experto en consultoría política internacional, partidos y comportamientos políticos, materias sobre las que ha pronunciado numerosas conferencias y publicado una extensa variedad de trabajos.

El experto se ha pronunciado en este sentido después de que el PSOE y el PP hayan alcanzado en la madrugada de este viernes un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Carta Magna, según el cual la Ley Orgánica fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del año 2020.

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