Domingo 04/12/2016.

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El juez interroga este martes como imputado al publicista que confesó haber pagado comisiones a Alía y Alabern

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará este martes en calidad de imputado al propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, quien confesó haber pagado comisiones a los ex gerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Raimundo Alabern y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Alía, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
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Unas acusaciones a raíz de las cuales el magistrado decretó el 17 de julio de 2010 el ingreso en prisión sin fianza de Alía, quien salió de la cárcel tres meses después tras abonar la fianza de 150.000 euros que finalmente acordó el juez para el encausado, defendido por el letrado José Ignacio Herrero. En concreto, el publicista ha sido citado a declarar a partir de las 10.30 horas.

En concreto, Morey admitió tanto en dependencias de la Policía Nacional tras ser detenido como ante el juez que había abonado comisiones de hasta el 10 por ciento a Alía, y de entre el 2 y el 3 por ciento a Alabern, al aseverar que si no pagaba "no tendría trabajo". De hecho, llegó a manifestar que toda la contratación que obtuvo del Ibatur fue a raíz de realizar estos pagos irregulares.

Cabe recordar el juez levantó el secreto de esta causa tras más de año y medio de investigaciones en torno a una compleja trama de presunta corrupción por la que se habrían desviado millones de euros durante la última legislatura de Jaume Matas (PP). En sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas Alabern y Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.

Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros-, el publicista Juan Velasco -100.000-, Bonet -250.000- y los empresarios Miquel Deyà -100.000- y Miquel Jaume -15.000 euros-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones de Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza.

El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.

Lope Sola se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la operación se abrió con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundación Baleares Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura del PP se encontraba Pau Collado -imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.

Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en pula golf-, que también fueron registradas.

BAJO SUMARIO DESDE FEBRERO DE 2009

No obstante, el caso Ibatur ya se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.

Mientras tanto, diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa reflejan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

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