Martes 06/12/2016.

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Un cantante de tangos afirma ante la jueza que hacía encuestas para UM pese a estar a sueldo del Consell

El imputado afirma que Josep Lliteres le colocó en el Consorcio de Informática Local y era quien le daba instrucciones
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Un cantante de tangos que ha declarado como imputado ante la jueza instructora del caso Voltor, Osvaldo Frías, ha manifestado que se encargaba de realizar encuestas para UM a pesar de estar contratado por una empresa dependiente del Consell de Mallorca, a la que no acudía y después de que fuese colocado en ella por el ex director insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, quien precisamente se encuentra encausado en otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje.

Durante su comparecencia, enmarcada en la ronda de comparecencias que está llevando a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, para determinar si afines o militantes de UM fueron puestos a sueldo del Consorcio de Informática Local (Cilma) mientras se dedicaban realmente a labores de partido, Frías ha hecho hincapié en que Lliteres era quien le daba instrucciones, que consistían en recoger un sobre todas las tardes en la calle Sindicato 21 -donde se hallaba la sede de la formación nacionalista- para después entregarlos rellenados en el mismo sitio.

Se trataba, tal y como ha precisado, de encuestas sobre asociaciones y relaciones entre inmigrantes, no sobre "voto político", si bien "no tenía conciencia de que estaba trabajando para UM ya que me dijeron que trabajaba para una empresa privada".

Su citación junto a la de otros 26 imputados se produjeron a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos empleados 'fantasma', presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación. Unas iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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