Viernes 09/12/2016.

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Los ayuntamientos tendrán dos años más para presentar los proyectos de alcantarillado de viviendas aisladas

Los ayuntamientos de las islas tendrán dos años más para presentar los proyectos de dotación de alcantarillado para las viviendas unifamiliares aisladas a las que se concedió una licencia de obra y habitabilidad a pesar de que no contaban en ese momento con este servicio.
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Así lo ha aprobado el pleno del Parlament con la validación de un decreto ley que modifica los plazos previstos para este punto de la Ley de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión.

Asimismo, también se amplía el plazo que tienen para comenzar dichas obras de alcantarillado, que era de dos años y que ha pasado a ser de cuatro.

La citada ley recoge que, de manera transitoria y excepcional, los consistorios pueden otorgar licencias, certificados finales de obras y de habitabilidad a viviendas unifamiliares aisladas que todavía no cuentan con el servicio de alcantarillado necesario.

No obstante, se establecía que los ayuntamientos tenían un plazo de un año para aprobar definitivamente el pertinente proyecto de urbanización o dotación del servicio, así como la conexión a los sistemas generales de depuración, al tiempo que se marcaba que dichas obras debían comenzar en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.

Sin embargo, el Govern ha impulsado esta modificación debido a que el plazo de un año marcado expiró el pasado 5 de agosto y se da el caso de que la mayoría de los ayuntamientos de Baleares todavía no han aprobado los proyectos de alcantarillado, por falta de recursos, tiempo u otros motivos, y desde entonces no pueden otorgar nuevas licencias.

El Govern ha optado por la vía del decreto ley para aprobar esta modificación amparándose en que concurren "circunstancias extraordinarias" y que es de "urgente necesidad", tal y como establece el Estatuto de autonomía, dado que el plazo previsto ya había finalizado y los ayuntamientos no podían dar licencias a estas urbanizaciones, lo que agrava la situación en la actual situación de crisis económica, apuntan.

El exconseller de Obras Públicas en la pasada legislatura, Jaume Carbonero, ha dudado de que esta medida sea una garantía de que cuando finalicen los nuevos plazos se hayan puesto en marcha las obras de alcantarillado pertinentes. El socialista ha subrayado que los esfuerzos del Govern deberían centrarse en luchar contra el origen del problema de estas urbanizaciones antiguas, es decir, el vertido incontrolado de aguas residuales.

En este sentido, ha afirmado que cada habitante consume cien litros de agua al día, cuyos residuos van a parar directamente a los acuíferos si no pasan por el debido sistema de depuración, lo que repercute en un problema de orden ambiental "muy grave".

Carbonero ha señalado que una de las alternativas que tiene el Govern es implantar, mediante un proyecto de ley, un sistema de gestión pública que permita que todos los ayuntamientos puedan gestionar la implantación de las redes de alcantarillado en aquellas urbanizaciones que no lo tienen.

Esta iniciativa pasaría por delimitar los ámbitos de gestión urbanísticos en aquellas urbanizaciones que no tengan los servicios completos. Después, la Administración debería redactar de oficio los proyectos de alcantarillado y ejecutar subsidiariamente (el Govern o de los ayuntamientos) las obras y, finalmente, enviar las correspondientes cuotas a los particulares para costear todos los gastos derivados.

Por su parte, el diputado del PSM-IV-ExM Antoni Alorda ha considerado que esta modificación no debería haberse aprobado por la vía del decreto ley, al tiempo que ha criticado que el Govern haya utilizado esta fórmula hasta en cuatro ocasiones en este pleno para aprobar de urgencia cuatro iniciativas sin posibilidad de ser, a su parecer, debidamente debatidas por la totalidad de los grupos.

El nacionalista ha incidido en que lo adecuado sería acabar con la "excepcionalidad" de estas urbanizaciones, pero dotándolas del pertinente servicio de alcantarillado y no ampliando los plazos de ejecución.

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