Sábado 10/12/2016.

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Dos acusados admiten su implicación en la concesión de una licencia para construir una piscina junto a un chalet ilegal

Rodríguez Miranda niega cualquier irregularidad pese al reconocimiento de los hechos por parte de los otros dos inculpados
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El promotor Francisco Xamena y quien fuese técnico arquitecto del Ayuntamiento de Andratx, Jaime Brunet, acusados en la pieza número 49 del caso Andratx, han admitido su implicación en la concesión de una licencia para construir una piscina junto a una vivienda unifamiliar ilegal ubicada en terreno protegido, si bien el otro de los inculpados por estos hechos, el ex asesor jurídico del Consistorio, Jacobo Rodríguez Miranda, ha negado que se produjesen irregularidades en esta tramitación y que informase a favor de esta autorización infringiendo la Ley.

Así lo han puesto de manifiesto los tres acusados durante el juicio que ha comenzado este martes en el Juzgado de lo Penal número 7, en el marco del cual Xamena ha recordado que en 2005 solicitó una licencia para construir la piscina aportando para ello un certificado registral de 1990 donde constaba que en la zona había tan sólo una casa en ruinas y un algibe, sobre la que posteriormente había sido levantado el chalet sin autorización, y entregando además fotografías de esta vivienda a pesar de que éstas incurrían en una contradicción respecto a lo reseñado en la inscripción del registro.

Es más, el acusado, asistido por el letrado Nicolás Pascual, ha confesado que aprovechó la licencia que finalmente le fue otorgada por la junta de gobierno para legalizar 'de facto' el chalet, y acabó por adificar asimismo un porche y una barbacoa carentes de permiso alguno.

Por su parte, Brunet ha admitido que informó a favor de la licencia sin constatar suficientemente la legalidad de la vivienda. "Me equivoqué y dije que había una vivienda, pero debería haber requerido más información a su propietario", ha añadido el entonces arquitecto técnico, quien, tras puntualizar que "era nuevo y no había trabajado nunca para la Administración", ha justificado que "tenía sobre la mesa un montón de proyectos, estaban en tramitación las Normas Subsidiarias y mucha gente solicitaba información".

Por su parte, el ex asesor jurídico, hijo del ex ministro de Trabajo Santiago Rodríguez Miranda y quien por primera vez se sienta en el banquillo en el marco de esta compleja causa -está acusado en un total de nueve piezas-, ha aseverado que cuando emitió su informe favorable a la licencia, "consideraba que se cumplían todos los requisitos legales" para ello e incluso ha manifestado que dio "por bueno" el informe de Brunet. "No tenía por qué ponerlo en duda, si el arquitecto hubiera dicho que había habido alguna infracción, no hubiera informado favorablemente", ha añadido.

En cualquier caso, ha recordado que firmaba "entre quince y veinte informes al día" y ha apuntado que, cuando fue imputado en esta pieza confiaba en su archivo. "Mi sorpresa llegó cuando yo estaba haciendo el camino de Santiago y me dijeron que se había abierto juicio oral", ha espetado el acusado, defendido por el abogado Miquel Coca.

Cabe señalar que durante su comparecencia, Rodríguez Miranda ha aportado un informe que hace referencia a una licencia otorgada en 1998 para avalar la legalidad del chalet, y que según ha aseverado consultó en su día para permitir la construcción de la piscina. Sin embargo, se trata en realidad de una licencia de obra menor que fue concedida para cambiar cañas por rasillas, embaldosar y alicatar cocina y baño y empotar las instalaciones eléctricas y de fontanería, por lo que no afectaba a la superficie ni a la estructura de la vivienda, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Las acusaciones aseveran que ni Brunet ni Rodríguez Miranda pidieron certificado alguno para comprobar la legalidad de la vivienda y que, a pesar de que por sus cargos y conocimientos ambos conocían "a la perfección" la norma aplicable, acabaron informando a favor de la licencia "con claro desprecio" a la Ley y "sin realizar acto alguno de comprobación de la veracidad de lo manifestado por el promotor".

En concreto, la Fiscalía reclama seis meses de cárcel para todos ellos por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. Mientras tanto, la acusación particular, ejercida por la letrada Isabel Fluxà en representación del Ayuntamiento, pide un año de cárcel para Rodríguez Miranda y Brunet y seis meses para Xamena.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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