Sábado 10/12/2016.

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Varias trabajadoras demandan a la esteticista de Munar por no haber cobrado el despido tras el cierre de sus empresas

Marisol Carrasco y uno de sus socios han estado presentes en el juicio que se ha iniciado en el Juzgado de lo Social número 3
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Seis ex trabajadoras de dos empresas pertenecientes a Marisol Carrasco, quien fuese esteticista de la ex presidenta del Parlament Maria Antònia Munar y que está siendo investigada en el marco del caso Voltor por los contratos presuntamente irregulares que percibió del Govern, han demandado a la empresaria por no haber cobrado los salarios de despido que les correspondía percibir después de que cesase la actividad de estas mercantiles.

Todas ellas, al igual que la propia Carrasco, han estado presentes en el juicio que por estos hechos se ha iniciado en el Juzgado de lo Social número 3. Sin embargo, debido a que el otro demandado del proceso, socio de la esteticista y quien también figuró como administrador de una de las empresas, ha comparecido sin abogado, la vista ha sido suspendida y prevé reanudarse más adelante.

Durante el acto, la abogada que representa a las afectadas, Rosa Hidalgo, ha aseverado que ambos utilizaron una de las sociedades, Finding Life, únicamente "para actuar en el mercado" y ha apuntado a Carrasco como la "real empladora" de las seis trabajadoras. Además, ha recordado que la esteticista dejó de ser administradora de esta empresa justo días antes de que cerrase.

A partir de ahora debe dirimirse si las empresas se encontraban en proceso de liquidación, en cuyo caso sería el Estado quien indemnizaría a las ex empleadas a 20 días por año trabajado, o si se trataba de sociedades ficticias detrás de las cuales estaría Carrasco, de tal modo que ésta tendría que abonar las cantidades adeudadas a 45 días por año trabajado o responder con su patrimonio, en base a la doctrina conocida como levantamiento del velo. Su socio, por su parte, podría tener responsabilidad solidaria en los pagos.

Cabe recordar que, dentro de la pieza del caso Voltor en la que está siendo investigada, se indagan los contratos presuntamente irregulares que la Conselleria de Turismo adjudicó a Carrasco para analizar spas y circuitos termales de los hoteles de las islas. Las pesquisas van dirigidas a averiguar si estas concesiones le fueron otorgadas a través de otra de sus empresas, el Instituto Balear de Catalogación y Clasificación de Spas, evitando la convocatoria de un concurso público y mediante el fraccionamiento de contratos.

Y es que, de acuerdo a las investigaciones, Carrasco se habría beneficiado junto a sus socios Juan Carlos Pujol y Josep Lluís Capllonch de varios contratos menores para catalogar los balnearios de las instalaciones hoteleras, al facturar de la Conselleria un total de 85.000 euros de forma irregular, parte de los cuales fueron obtenidos mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que se presentaron tres empresas relacionadas entre ellas.

Los investigadores apuntan a que mediante esta fórmula, los tres socios se garantizaban la concesión del contrato, al concurrir a través de una empresa que acompañaban de otras dos ofertas de apoyo.

La incoación de esta pieza separada, que ha sido archivada para el ex conseller de Turismo Francesc Buils, se produjo después de que la Conselleria aportase al Juzgado un expediente con los pagos que efectuó el departamento. Los investigadores sostienen que las auditorías realizadas por Carrasco carecían de utilidad pública e incluso se desconocen la mayoría de los resultados arrojados por las presuntas inspecciones.

Los socios de la empresa IBCCS aseguraron ante la jueza que fue el Inestur el que les instó a concurrir a un negociado sin publicidad para desarrollar un proyecto de evaluación de hoteles en las islas, lo que percibieron como algo "normal".

En concreto, las pesquisas del caso Voltor se centran en un presunto desvío de fondos públicos desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) mediante subvenciones irregulares a personas afines a UM, y apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta en febrero del pasado año por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

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