Jueves 08/12/2016.

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Las Pymes piden a Bauzá que se cumpla la Ley de Morosidad en las instituciones para cobrar en menos de 25 días

Reclaman el cobro de intereses, en caso de que las administraciones públicas incumplan el plazo fijado en la Ley de Morosidad
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Las Pymes piden a Bauzá que se cumpla la Ley de Morosidad en las instituciones para cobrar en menos de 25 días Las Pymes piden a Bauzá que se cumpla la Ley de Morosidad en las instituciones para cobrar en menos de 25 días

Los representantes de la pequeñas y medianas empresas de Baleares han reclamado al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, que se cumpla le Ley de Morosidad en las instituciones públicas, de forma que los proveedores cobren las facturas en un plazo máximo de 25 días y que, en caso de incumplirse, puedan devengarse los intereses correspondientes a cada mes de impago.

Así lo ha informado a Europa Press el presidente de las Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (Pimem), Rafael Rubio, quien ha criticado que algunos proveedores llevan año y medio sin cobrar las facturas pendientes de las instituciones, a pesar de lo cual, según ha señalado, no les cobrarán los intereses, con el fin de evitar así que estas administraciones dejen de contar con sus servicios.

Por ello, ha reclamado a Bauzá que haga cumplir esta normativa, teniendo en cuenta que hay empresarios que "aguantan sobre sus espaldas 18 meses sin cobrar", lo que está provocando una tesorería "quebradiza" y esto unido a que no cuentan con financiación por parte de las entidades financieras, está obligándoles a "poner su patrimonio personal para poder subsistir o mantenerse", teniendo en cuenta que deben adelantar el IVA.

"El pago de los intereses por impago debería ser de forma automática y no depender del empresario", ha recalcado Rubio, quien ha revelado que Bauzá se ha comprometido a llevar al Parlament la Ley de Pequeños y Medianos Empresarios y Autónomos en el inicio del próximo periodo de sesiones.

Así, ha subrayado que Bauzá pretende que esta normativa reduzca a 20 los días de plazo máximo que tendrán las instituciones para pagar las facturas a sus proveedores, una vez sean emitidas.

Por otro lado, el presidente de Pimem ha censurado que, a día de hoy, hay sectores que llevan entre seis y ocho meses sin cobrar las facturas por parte de las instituciones, entre las que ha destacado las guarderías y centros educativos; las agencias de viajes y el transporte escolar.

"El Govern nos ha pedido un margen de confianza de dos meses, que se sumará a estos ocho meses en los que prácticamente se han paralizado los pagos, por lo que habrá que esperar a que el Ejecutivo presente un plan de saneamiento que sea bendecido a nivel nacional y que también lo vean bien las entidades financieras para que le den prioridad y poder así, poco a poco, ir entrando en la normalidad de pago, algo que no se ve ni a largo plazo", ha sostenido Rubio.

Por otro lado, ha señalado que las Pymes no tienen exactamente cuantificado cuánto les deben las distintas instituciones, si bien ha indicado que sólo el Ayuntamiento de Palma adeuda a sus proveedores un total de 150 millones de euros.

En esta línea, ha resaltado que si este dinero "aflorase" y las administraciones pagaran a las Pymes lo que les debe sería la "mejor política que se podría hacer, ya que generaría confianza en el sector empresarial y, posiblemente, se podría volver a contratar a personal y tener más confianza".

"La inseguridad de poder cobrar hace que los empresarios contraten lo justo y necesario", ha advertido Rubio, quien ha recordado que, actualmente, la media de cobro a nivel nacional se sitúa entre los 140 y 150 días tanto por parte de las empresas, como de las instituciones públicas.

Sin embargo, ha recordado que, en cumplimiento de la Ley de Morosidad, las empresas privadas deberían pagar las facturas a sus proveedores con un máximo de retraso de 65 días, que se reduce a 25 en el caso de las administraciones públicas.

"PREOCUPACIÓN" POR LOS CAMBIOS DE USO EN LOS HOTELES

Rubio también ha aprovechado el encuentro con Bauzá para mostrarle su "preocupación" por el cambio de usos previsto en la industria turística a través de los denominados condohoteles, ya que, según ha indicado, esto va a "modificar la oferta complementaria y no se sabe el modelo que se quiere llevar a cabo".

Asimismo, ha reclamado al presidente del Govern una "regulación" de la modalidad del 'todo incluido', ya que cada vez más se está extendiendo entre los distintos hoteles, al tiempo que los touroperadores exigen más plazas de este tipo, lo que está provocando que el turismo sea cada vez "más barato y genere poco gasto en las islas".

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