Mediante el auto por el que ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado le hace así el ofrecimiento de acciones previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) a fin de que pueda ser parte en el proceso y solicitar ser indemnizado por los perjuicios a los que supuestamente se vio sometida la Generalitat.
Del mismo modo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ofrece esta posibilidad al director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) así como al responsable de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, entidades que intervinieron en la firma del convenio, en septiembre de 2004, y de sus dos addendas posteriores (2005 y 2006) para la puesta en marcha del evento Valencia Summit.
A la hora de imponer la fianza, el magistrado tiene en cuenta, además de los 1,044 millones de euros públicos que se destinaron a cada una de las tres ediciones del anterior enclave, los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio rubricado con la Generalitat Valenciana y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.