En un comunicado, el grupo ecologista ha señalado que el crecimiento en el número de participantes ha sido «muy alto» desde la creación de la prueba, sin que se haya planteado establecer un límite máximo.
Desde el GOB han señalado que esta situación es compartida en toda España, donde «ya existen precedentes» en que se ha establecido una «capacidad máxima de carga» de algunos espacios protegidos para evitar los «efectos negativos de estas carreras masivas».
Por eso, ante la celebración de esta competición, el GOB pide a los organizadores de la carrera el «máximo de responsabilidad» en el cumplimiento de las prescripciones ambientales que haya indicado la Conselleria, y pide a los participantes «el máximo de cuidado para minimizar su impacto ambiental» sobre el espacio natural protegido.
Respecto a la Conselleria, el GOB reclama que vele por el cumplimiento de las condiciones de la autorización y por la minimización del impacto ambiental y considera que frente a futuros acontecimientos es «imprescindible» que «se fijen capacidades de carga máxima en función del tipo de prueba deportiva y de la fragilidad del itinerario.