Domingo 11/12/2016.

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La Fiscalía sostiene que Marina Sans no cobró comisiones ni se apropió de fondos públicos de la funeraria municipal

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la ex presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) y ex concejal del PP en Palma, Marina Sans, no cobró comisiones de proveedores de la empresa ni se apropió de fondos públicos para su propio beneficio, tal y como se investigó en el marco de esta causa cuya instrucción ya está concluida. La acusación pública solicita de esta forma que se archive la imputación de Sans al considerar finalmente que no incurrió en delito alguno.
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Así consta en un escrito que ha presentado el Ministerio Fiscal ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Manuel Penalva, encargado de este procedimiento, cuyas pesquisas giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la funeraria durante la última legislatura del PP, tal y como han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

Tal y como ya puso de manifiesto el letrado de Sans, Rafael Perera, al solicitar el sobreseimiento del caso para su patrocinada, la Fiscalía considera que no existen motivos para que continúe imputada y se siente en el banquillo de los acusados, ya que, entre otros aspectos, no ha quedado demostrado que se beneficiase de los fondos de la empresa para efectuar viajes privados, a pesar de que fue esta acusación la que dio pie a que se abrieran diligencias para investigar estos hechos.

Y es que en un principio los investigadores, después de que el Ayuntamiento de Palma detectase una serie de facturas y contratos en la empresa que fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que eran irregulares, apuntaban a que tanto Sans como el ex gerente de la funeraria y principal imputado de la causa, Óscar Collado, facturaron a la sociedad diversos viajes particulares por una cantidad superior a los 7.000 euros.

En su escrito, el Ministerio Público asevera además que facturas halladas con comidas pagadas en restaurantes correspondían a gastos de funcionarios y de relaciones públicas en el marco del ámbito de la empresa, mientras que tampoco considera probado que Sans obtuviese comisiones de proveedores de la funeraria por la compra de ataúdes y terrenos.

Cabe recordar que en junio de 2010 el magistrado decretó el final de la instrucción y transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, para que el Ministerio Público y el Consistorio presentasen sus escritos de acusación como paso previo al enjuiciamiento de los imputados. Sin embargo, volvió a reabrir el caso a petición de la Fiscalía para que Collado fuese interrogado sobre el panteón que realizó la empresa de forma gratuita al ex alcalde de Palma y senador del PP por Mallorca, Joan Fageda.

Una construcción de piedra valorada en 280.173 pesetas más IVA que, según las pesquisas, fue levantada sin coste alguno en una tumba adquirida por el ex primer edil, al no repercutirse esta cantidad en la factura final de la venta de la sepultura.

Sobre Collado, asistido por el letrado José Ignacio Herrero y quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros, pesan los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscilaría entre los 14 y los 16 años.

Durante la instrucción de la causa, el ex gerente se desvinculó de esta presunta trama de corrupción al negar haber cobrado comisiones ilegales a proveedores de la compañía pública, y rechazó haberse lucrado con la compra-venta de tumbas y ataúdes a través de la EFM. Es más, defendió que los gastos supuestamente privados que se le detectaron con cargo a las cuentas de la empresa "eran por representación".

Además de Collado y Sans, también se encuentran imputados en este procedimiento la mujer del ex gerente, Francisca Moll; el constructor Juan Perelló, quien supuestamente realizó obras para la funeraria y se le atribuye haber proporcionado facturas falsas a Collado, y Ataúlfo del Hoyo, ex asesor jurídico de la empresa municipal a quien se le implica en parte de las irregularidades detectadas.

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