Sábado 10/12/2016.

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Chacártegui queda en libertad con cargos tras desvincularse del desvío de 1,5 millones en la compra de contenedores

Niega haber adoptado decisiones para favorecer a la contratista que suministró al Ayuntamiento los equipos de recogida
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La magistrada Carmen Abrines, en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, ha dejado en libertad con cargos al ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, quien, no obstante, deberá personarse 'apud acta' cada quince días ante el Juzgado que instruye la causa, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

El imputado, sobre quien pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, llegó a los Juzgados de Vía Alemania procedente de la comandancia de la Guardia Civil en torno a las 17.00 horas, esposado y cubriéndose la cara con su camiseta para evitar ser grabado por los cámaras congregados, y tan sólo hora y media después abandonaba las dependencias judiciales.

Durante su comparecencia ante la jueza y los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, Chacártegui se ha ratificado en la declaración que prestó anoche en dependencias del Instituto Armado, y se ha desvinculado de las decisiones adoptadas en torno a la compra de contenedores soterrados a la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., que según las pesquisas derivó en un sobrecoste de hasta 1,5 millones de euros cuyo destino se desconoce.

De este modo, el encausado ha apuntado hacia quienes fueron sus superiores en Emaya, es decir, la ex presidenta de la empresa pública Cristina Cerdó, la ex gerente Malen Tortella y otros cargos, al aseverar que fue la cúpula de la sociedad municipal la que adoptó las decisiones a la hora de decidir adquirir los 'containers' a Seguridad y Limpiezas, cuyo administrador Juan Pocoví, también imputado, fue anoche puesto en libertad por la Guardia Civil.

Unas afirmaciones que contrastan con las sospechas de los investigadores, que apuntan a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que condujeron al supuesto desvío. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros.

Sin embargo, Chacártegui ha insistido durante su comparecencia en que él no tenía poder ejecutivo para decidir sobre adjudicaciones o sobre a qué empresa había que acudir para realizar adquisiones, como en el caso de los contenedores, como tampoco pertenecía a la mesa de contratación ni al consejo de administración para poder adoptar decisiones de este calado, sino que eran sus superiores quienes lo hicieron, según han informado fuentes jurídicas.

En esta misma línea, ha negado haberse concertado con la empresa contratista para que fuese ésta y no otras sociedades con materiales más baratos la que proporcionase los equipos a Emaya. El auto dictado por la jueza apunta sin embargo a la existencia de indicios de que Chacártegui, asistido por el letrado Juan José Cano de Alarcón, incurrió en delitos contra la Administración, título genérico que da el Código Penal a las infracciones penales que afectan al correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

En concreto, la operación Ossifar, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 a instancias del Ministerio Público, eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A.

Unos hechos que se produjeron después de que el Ayuntamiento convocase el 10 de febrero de 2009 un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales y sanitarias. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones.

Sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión, tal y como refleja una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia al que tuvo acceso Europa Press.

Tras detectarse estas supuestas irregularidades, el equipo de gobierno liderado por la ex alcaldesa Aina Calvo puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009. De forma paralela, el Consistorio también interpuso una denuncia ante la anterior Comisión contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada.

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