Martes 21/11/2017.

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Ninguno de los imputados en el caso de distribución de gasóleo adulterado tendrá que ir a prisión

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio contra ocho personas acusadas de fraude contra la Hacienda Pública a través de la distribución de gasóleo adulterado. En base al acuerdo previo, ninguno de los imputados tendrá que ir a prisión.
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Este acuerdo previo al que llegaron las partes tendrá como consecuencia que el fallo del tribunal se ajuste a las peticiones de penas propuestas unánimemente por abogado defensor, acusador y fiscal.

Consisten en 17 meses de prisión para los hermanos Francisco Manuel y José F.R. --los dos principales encausados--, por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de estafa. Al carecer de antecedentes, no entrarían en prisión para cumplir una condena inferior a dos años.

Además, la Fiscalía solicita que estas dos personas no puedan obtener ayudas públicas ni gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un año y seis meses. Además, pide la devolución al Estado de los 399.009 euros que defraudaron.

DEFRAUDAR 400.000 EUROS

Para los fiscales, los principales acusados son los responsables de una distribuidora de hidrocarburos y otras empresas relacionadas con la automoción.

En cuanto a Francisco Manuel F.R., era el administrador de Gasóleos Galicia y, según el relato de los hechos de los fiscales, "almacenó tanto gasóleos bonificados como exentos, además de gasóleo de automoción, y también mezcló aceite base, con el que adulteró los hidrocarburos mencionados, alterando las cifras resultantes de la contabilidad".

Esta maniobra permitió a ambos defraudar al fisco una cantidad que ronda los 400.000 euros, siempre según la Fiscalía, y causó daños materiales en los vehículos que utilizaban este combustible.

OTROS ACUSADOS

Con el resto de los acusados, también el Ministerio Fiscal llegó a un acuerdo para reducirles la pena. Ello, por el lapso de tiempo transcurrido desde la apertura de diligencias en 2004 y porque los agentes que investigaron el caso no fueron tan contundentes después de siete años.

En cuanto al resto de los imputados, el Ministerio Público ya no les considera responsables de dos delitos contra la Hacienda Pública, por lo que aceptaron cinco meses y diez días de prisión por el delito continuado de falsedad documental.

Se trata de J.C.M.A., J.M.G.C. y J.C.I.; mientras que los fiscales retiraron la acusación contra los procesados C.P.B., V.D.M. y F.F.J.

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