Miércoles 07/12/2016.

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Traballo busca completar "lo antes posible" el traslado de ancianos del geriátrico de O Grove (Pontevedra) expedientado

Nueve de sus 17 trabajadoras fueron suspendidas de empleo y sueldo el día antes de tomar la medida para evitar la desatención de los mayores
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La Consellería de Traballo e Benestar ha expresado su voluntad de completar "lo antes posible" el traslado de los 24 usuarios de la residencia de la tercera edad Santo Ángel, situada de la localidad pontevedresa de O Grove, a la que este miércoles decidió abrir un expediente sancionador y ordenar el traslado de todos los residentes a un centro geriátrico de Poio (Pontevedra).

Según han indicado a Europa Press fuentes de este departamento de la Xunta, el traslado de estos ancianos se realizará "lo más rápido posible" y concluirá "en breves días", aunque no han podido precisar en qué jornada se completará exactamente debido a la necesidad de contar con los permisos de las familias para desplazar a los usuarios al nuevo centro.

En la jornada del miércoles ya abandonaron este centro 8 de los 24 usuarios, y los traslados continuarán a lo largo de este jueves, han añadido desde la Consellería, que también ha explicado que los desplazamientos están siendo realizados tanto en ambulancias como por los propios familiares de los afectados, siempre en función de la "decisión de las familias" y del estado de salud de los residentes.

CONFLICTO LABORAL

Traballo hizo efectiva este miércoles esta "medida cautelar", después de haber realizado un "seguimiento continuo" a este centro en los últimos meses, justo después de que el pasado martes, la empresa le hubiese notificado a 9 de sus 17 trabajadoras que habían sido suspendidas de empleo y sueldo.

En el escrito remitido a este grupo de empleadas, la dirección les comunica la apertura de un expediente motivado por una "conducta merecedora de despido", y las acusa de haber realizado una "campaña de acoso y malos tratos" por la que se "coacciona" a parte del cuadro de personal, de haber "dejado de administrar la medicación a los residentes" y de haber "sugerido a varios familiares" un cambio de residencia.

Todas ellas formaban parte del grupo de once empleadas que presentaron una demanda para la rescisión de sus contratos por falta de pago --cuyo juicio, pendiente de sentencia, se celebró el pasado 22 de junio--, puesto que, según explicó la CIG, desde octubre solo habían cobrado las pagas ordinarias de marzo y abril.

El secretario de esta central sindical en O Salnés, Xoán Xosé Bouzas, calificó las acusaciones que motivaron la suspensión de estas trabajadoras de "calumnias", y achacó lo que considera una "carta de despido disciplinario en toda regla" a una "revancha del empresario" por la citada demanda.

SIN PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA

Ante esta situación, la Consellería de Traballo decidió el traslado de los ancianos como "medida cautelar" para poder prevenir un desalojo de emergencia si se llegasen a producir situaciones de desatención entre las personas mayores allí residentes.

Este departamento había advertido a la dirección de Santo Ángel que, si se producían nuevas bajas entre la plantilla, se adoptarían medidas para garantizar la correcta atención de los residentes, aunque también matizó que durante el periodo de traslados la residencia cuenta con el "personal necesario para cubrir las necesidades básicas de los usuarios".

Sin embargo, la delegada de personal, Sara Abeijón --una de las trabajadoras suspendidas--, ha alertado de que en el centro "no queda personal de atención directa" a los mayores, puesto que solo permanecen en el centro dos responsables de cocina, tres de limpieza, un operario de mantenimiento y la responsable del turno de noche.

SUSPENSIÓN DEL CONCIERTO

La apertura de este expediente sancionador también ha supuesto la suspensión, hasta su resolución, del concierto que la Xunta venía manteniendo con este centro privado con el que tenía concertadas 22 plazas.

El pasado 17 de junio, el secretario comarcal de la CIG había asegurado tener constancia de que la Xunta había renovado, por un período que comprendía desde marzo del presente año hasta diciembre de 2012 y por una cuantía global próxima a los 650.000 euros, el citado concierto, "sin preguntar" a la dirección "cómo pensaba mantener la empresa".

Bouzas había remitido por aquel entonces un escrito a la conselleira Beatriz Mato y al Valedor do Pobo, Benigno López, relatando la "situación límite" que estaban padeciendo estas trabajadoras, y en el que hacía alusión a un informe de la inspección realizado en el pasado mes de febrero, en el que se apuntaban una serie de incumplimientos de la normativa de asistencia a personas mayores.

Según informó la CIG, la citada inspección concluyó que la residencia carecía de la "figura de responsable" y también que la asistencia que se les venía prestando a los 24 residentes estaba limitada a las prestaciones asistenciales, debido a que carecía de personal para ofrecer servicios como fisioterapia, estimulación cognitiva o animación sociocultural.

Asimismo, la inspección, según este sindicato, también había constatado que "algunos radiadores" estaban apagados "incluso en habitaciones donde hay personas encamadas", y la existencia de "errores en la administración de la medicación", un proceso que no estaba "siendo realizado ni supervisado por un ATS.

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