Martes 06/12/2016.

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Los estatutos provinciales del PSOE de Pontevedra prohíben acumular cargos salvo "excepciones" autorizadas por el PSdeG

Los estatutos provinciales del PSOE pontevedrés, en su artículo 77, prohíben a sus militantes compatibilizar cargos institucionales de elección directa y dejan en manos de la Ejecutiva autonómica del partido la "resolución" de "situaciones excepcionales".
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Los estatutos provinciales del PSOE de Pontevedra prohíben acumular cargos salvo "excepciones" autorizadas por el PSdeG Los estatutos provinciales del PSOE de Pontevedra prohíben acumular cargos salvo "excepciones" autorizadas por el PSdeG

Ésta es la baza que juega la dirección del PSdeG para forzar a la senadora y concejala viguesa, Carmela Silva --que opta ahora a liderar la candidatura pontevedresa al Congreso--, a que formalice un compromiso de renuncia a uno de los cargos antes de ser incluida en la lista a las Cortes.

"No se pueden contravenir los estatutos", subrayan a Europa Press fuentes próximas al líder del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, para advertir de que "podría anularse" de la lista el nombre de las personas que "incumpliesen" las normas del partido.

Esta situación podría salvarse, no obstante, si la propia Silva "explicitase" un compromiso de renuncia que la dirección gallega ha demandado dos veces a través de diferentes misivas.

Durante el proceso de elaboración de las candidaturas municipales, la ejecutiva autonómica ya intentó que los diputados autonómicos asumiesen explícitamente el compromiso de "una persona, un cargo" y, aunque no obtuvo ningún escrito, sí se vieron obligados a dar cumplimiento a la norma.

DECISIÓN DE FERRAZ

De todos modos, la Normativa Reguladora de los Cargos Públicos de que se ha dotado el PSOE deposita en la dirección federal la decisión sobre las acumulaciones de cargos, ya que debe ser el Comité Federal el que "ratifique" cualquier excepción, a propuesta de órganos territoriales.

Este mismo documento dedica un capítulo a explicar el procedimiento de elaboración de candidaturas para las elecciones generales. Y minimiza el papel de la dirección autonómica, ya que únicamente establece que "podrá emitir un informe escrito indicando su parecer" sobre las listas elaboradas por los órganos provinciales antes de su aprobación por parte de los órganos federales.

De hecho, la "aprobación definitiva" de las candidaturas descansa sobre el Comité Federal, que incluso podría incluir "nombres de candidatos no propuestos" por los órganos provinciales. Eso sí, previamente, tendría que "escuchar el parecer" de las ejecutivas autonómica y provincial.

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