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Asimismo, un total de 1.780 reclamaciones han sido enviadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues el organismo "también tiene que dar respuesta" a las mismas, ha considerado. El IGC envió, además, 1.780 reclamaciones a la Fiscalía Superior de Galicia (FSG), como fundamento a la demanda colectiva que prepara.

"En este asunto todos somos responsables", ha indicado Muñoz, quien ha señalado especialmente a "aquellos que tenían que haber supervisado esta comercialización y que fallaron". Entre ellos, ha citado a organismos como el "Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores", así como al propio Gobierno.

Por otro lado, Muñoz ha recordado otras actuaciones del Gobierno autonómico sobre el asunto de las preferentes, como el "refuerzo" de los servicios de atención al consumidor del IGC y la "carta" remitida por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, a "todos" los alcaldes y presidentes de asociaciones de consumidores.

Asimismo, la Xunta reforzó, "a petición de los alcaldes", los puntos informativos de algunos Ayuntamientos, como los de O Rosal, Cambados, Marín o Tui, además de dotarlos con un modelo de reclamación específico.

BRUXELAS, "QUID" PARA EL ARBITRAJE

Los afectados, las asociaciones de consumidores, la entidad y las diferentes administraciones son quienes tienen que "actuar" en referencia al asunto, según ha indicado la gerente del Instituto Galego de Consumo.

En cuanto a las administraciones, ha destacado el rol de la europea para apuntar que Bruselas "tiene el quid en este momento para que se puedan llevar a cabo los arbitrajes" tramitados.