Domingo 27/05/2018.

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Un funcionario juzgado por avalar una piscifactoría en Red Natura dice que afectaba un bajo porcentaje de zona protegida

Un funcionario de la Xunta que ha sido denunciado por avalar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para una planta de acuicultura en una zona de Red Natura ha argumentado este miércoles, en la primera sesión del juicio, que el porcentaje de área protegida a la que afectaba el proyecto era reducido.
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En su declaración, este empleado público ha relatado que el Gobierno gallego estudió las dos alternativas propuestas por la empresa promotora de la planta, Acuinor S.L., en el lugar de Rinlo, en Ribadeo (Lugo). Una vez se dictó la DIA, la documentación complementaria presentada por la empresa puso de manifiesto divergencias con el plan original, por lo que hubo una paralización de las obras y se volvió a analizar la situación.

Finalmente, el proyecto para la planta fue aceptado porque "se cumplieron las recomendaciones", ha agregado el funcionario, que ha apuntado que se retiraron de los planes algunos tanques y se practicaron otros cambios, que finalmente resultaron en que el porcentaje de terreno protegido que se veía afectado se mantenía.

Además, ha admitido que "siempre existe un impacto" paisajístico en este tipo de proyectos y, en este caso concreto, se inició una excavación "que sigue allí". Las instalaciones diseñadas para Rinlo debían ser soterradas y las "medidas vegetales" debían reducir el impacto de la construcción, que también incluía un edificio de servicios con bajo y primera planta.

En cuanto a la respuesta que la Comisión Europea dio a la queja presentada por Adega, que ejerce, además, como acusación particular en el juicio, el funcionario ha replicado que "dijo que el expediente se había llevado bien".

Entre los testigos, el actual Subdirector de Espacios Naturales, Rogelio Fernández Díaz, ha insistido en que el criterio del porcentaje de afección a terrenos protegidos es un criterio que se aplica, aunque "no solo ese", en este tipo de proyectos para determinar si se autorizan o no. En el caso de Rinlo, ha agregado, era del 0,13%, por lo que "parece poco significativo".

Otro empleado público de la Xunta, José Manuel Pena, llamado, como Fernández Díaz, por la defensa, explicó que él participó en la DIA y señaló que el terreno protegido que finalmente se veía afectado era de 218 metros cuadrados. Asimismo, ha explicado que se descartó una alternativa, propuesta por la Administración gallega, para construir las instalaciones fuera de terreno protegido por motivos fundamentalmente "económicos".

Un jefe de servicio del área de Medio Ambiente en Lugo, Antonio Callejo, ha admitido que los informes realizados respecto a este proyecto en la provincia incluían la posibilidad de que se causasen efectos irreversibles en la zona. "Usamos un puede, no afirmamos que sea", ha puntualizado y ha sostenido que no entraban a "valorar la afección". "Si lo tuviésemos claro, diríamos afecta", ha agregado.

ESCRITO DE LA FISCALÍA

La Fiscalía pide en este caso un año de prisión por un delito contra los recursos naturales para el funcionario, que "avaló y autorizó el dictado" de la DIA para la planta de acuicultura en Red Natura.

Sostiene que "plenamente consciente de ello, con la única finalidad de facilitar las condiciones del citado plan acuícola y , sin pararse a considerar estas indicaciones ambientales, el acusado, en su calidad de jefe de Biodiversidad, dictó diferentes informes" que permitieron la construcción de la piscifactoría, "pese a que no se cumplían los presupuestos ambientales determinados en el artículo 6 de la directiva".

Así, considera que el acusado "antepuso los criterios comerciales a los medioambientales" y pide para él un año de prisión con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como una multa de 16 meses con una cuota diaria de 12 euros. El juicio se reanudará este jueves, a las 9.30 horas, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago.

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