El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Méndez Romeu, ha defendido este jueves que el conselleiro de Economía, Javier Guerra, «debería ser cesado» dado el «fracaso» de sus medidas para «revitalizar» los sectores industriales y los «escándalos» que afectan al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Se ha referido así, en rueda de prensa, a los dos cargos de este organismo imputados en el marco de la Operación Campeón y a la destitución de un alto cargo que concedió ayudas por valor de siete millones de euros a la empresa de su mujer; al tiempo que ha hecho hincapié en la «paralización» del concurso eólico, el agravamiento de la crisis del sector naval y la caída del IPI.
«Es un cuadro realmente preocupante», ha juzgado el parlamentario socialista, para quien la remodelación del Gobierno gallego como consecuencia de la marcha de varios conselleiros a otros cargos en Madrid fue «una oportunidad perdida» para relevar a Guerra. «Está amortizado», ha sentenciado.
En este escenario, el diputado coruñés ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar al Gobierno gallego que «asuma sus responsabilidades» ante los «dos niveles de problemas» existentes en la Consellería de Economía e Industria.
«DESCONTROL»
Particularmente, el exconselleiro de Presidencia se ha centrado en el «descontrol» que impera en el Igape, toda vez que Guerra asumió las funciones de director del organismo después de apartar a Joaquín Varela por su imputación en la Operación Campeón.
«El Igape lleva varios años sin rumbo y salpicado por escándalos que nunca tuvo. Tenía una imagen acrisolada en el mundo financiero y todo eso se está perdiendo», ha lamentado, para censurar también que «nadie se responsabiliza» de la situación.
Al hilo de ello, ha criticado la falta de explicaciones también sobre los supuestos fraudes en ayudas comunitarias y sobre la destitución del secretario xeral del Igape, que concedió a su anterior empresa, la Confederación de Empresarios de Galicia, ayudas de 18 millones para internacionalización «sin concurso ni concurrencia pública».
19 MESES SIN INFORMACIÓN
Además, el diputado del PSdeG ha indicado que la Xunta tiene la obligación legal de ofrecer a la Cámara «trimestralmente» un informe sobre la situación de los avales concedidos y los riesgos que suponen a las arcas autonómicas. «Pero esa norma, desde el el 30 de junio de 2010, está siendo incumplida», ha reprochado.
«Desde hace 19 meses, el Gobierno gallego niega los datos sobre los avales concedidos por el Igape», ha enfatizado, para preguntarse «qué oscuras razones» llevan a la Xunta a incumplir un precepto respetado «durante 16 años».
«La ocultación de información es un mal precedente», ha sostenido Méndez, quien ha advertido asimismo de que las agencias de calificación ya rebajaron el rating de la Comunidad Valenciana y de que amenazan con bajar la calificación de Galicia por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si será capaz de cumplir con los objetivos de déficit para 2012. En este punto, ha recordado que la deuda gallega «se duplicó» desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a San Caetano.
«NO EXISTE» UNA POLÍTICA INDUSTRIAL
En el ámbito de las ayudas concedidas por el Igape, ha llamado la atención sobre que 42 de las 44 totales no sobrepasan los 3.000 euros y tres de ellas, no alcanzan los 300. «¿Existe una verdadera política industrial?», ha inquirido, tras remarcar que algunas de estas ayudas tienen por objetivo ampliar el capital de empresas.
Finalmente, ha anunciado que preguntará al Ejecutivo autonómico en la Cámara por el «desmantelamiento» del Plan Revive, que fue «anunciado antes de las elecciones municipales» como una fórmula para «revitalizar industrialmente» la Costa da Morte con 25 millones de euros». «Es un ultraje para una de las comarcas menos desarrolladas de Galicia», ha sentenciado Méndez.