Sábado 03/12/2016.

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El BNG exige al Gobierno "una posición firme" en Bruselas contra la eliminación de bonificaciones

Los diputados del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Davila, han exigido al Gobierno central este martes una "posición firme en Bruselas", ya que la eliminación de las bonificaciones fiscales existentes "puede ser la puntilla al sector naval gallego".
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En este sentido, han recordado que todos los estados otorgan ayudas a sus sectores navales "de una u otra manera". Además, han remarcado, el sector en Galicia "lleva tiempo padeciendo las consecuencias de una política comunitaria de reparto de la cuotas de mercado hecha a medida de los países más desarrollados de la Europa central".

De hecho, los nacionalistas gallegos ya presentaron varias iniciativas en las que instan al Gobierno central a rechazar la introducción de cambios en las bonificaciones fiscales existentes en el Estado para el sector naval.

Una de ellas fue el 14 de junio, cuando el Congreso aprobó una moción con diversas propuestas y medidas para garantizar la carga de trabajo en los astilleros gallegos de Navantia en la Ría de Ferrol. En uno de los puntos, también se emplazaba al Ejecutivo a rechazar cambios en la legislación fiscal para el sector naval.

En ese momento, Jorquera demandó que el "Gobierno se debía oponer a la pretensión de introducir cualquier cambio en la normativa fiscal del sector naval en el Estado español, ya que la posible revisión de Bruselas del 'tax lease' agravaría los problemas del sector naval".

EN EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

La segunda de las iniciativas ratificadas fue en el debate de política general, una propuesta de resolución en la que instaba al Gobierno central a "oponerse a la introducción de cambios en la normativa fiscal del Estado español que agrave la crisis que padece la construcción naval civil".

La Comisión de la Competencia de la Unión Europea (UE) paralizó desde la semana pasada el sistema de bonificaciones a la construcción de buques ('tax lease') que se aplica en el Estado español desde 2003. La UE inició un expediente el pasado mes de junio con motivo de las denuncias presentadas por asociaciones de astilleros de países como Holanda, Noruega, Finlandia, Francia y Portugal.

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