Martes 06/12/2016.

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Adega denuncia a Hernández por presunta "prevaricación urbanística" tras la aprobación del Plan Sectorial de Barreiros

Critican que el proyecto "confirma la ilegalidad" de la concesión de licencias urbanísticas "sin contar" con los servicios básicos exigidos
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La polémica urbanística en la localidad de Barreiros (Lugo) continúa con la presentación de una "denuncia penal" ante la Fiscalía, por parte de la asociación ecologista Adega, contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, por presunta "prevaricación urbanística" y "contra la hacienda pública", tras la aprobación en el Consello da Xunta del 26 de Mayo del Plan Sectorial del municipio de Barreiros (Lugo).

Este proyecto destinado "a la mejora y ampliación de las infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y rede viaria" del ayuntamiento confirma, según la asociación, la "ilegalidad" de las licencias otorgadas entre 2006 y 2007 para la construcción de más de 3.500 viviendas "sin contar" con los servicios básicos exigidos, que fueron concedidas en base a normas subsidiarias del año 1994 y "sin adaptar" a la Lei 9/2002 "que obliga a distinguir entre suelo urbano consolidado" y "no consolidado".

Una "enorme irracionalidad" urbanística impulsada en una localidad que, según Daniel López Vispo, miembro de la directiva nacional de Adega, experimenta una "pérdida continua de población" desde los años 80.

La propia Xunta de Galicia, durante el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG, suspendió las normas subsidiarias del municipio (decreto 15/2007), acordó la "paralización" del proyecto constructivo en base a lo establecido en el decreto de 2002, por el que el suelo no podría tener otra calificación que la de "urbano no consolidado" --que no está dotado de servicios--, y se vio obligada a impugnar la mayor parte de las licencias por la vía contencioso administrativa ante la negativa del Gobierno local "de proceder a su revisión de oficio".

"Un proyecto sectorial para legalizar las ilegalidades urbanísticas del ayuntamiento de Barreiros", ha resumido, tras aclarar que la Xunta "no puso nunca en entredicho" las irregularidades de dichas concesiones "hasta ahora", con el Gobierno del PPdeG. Esta actuación "realmente alarmante", añade, supone "un agravio comparativo" para cualquier otro promotor "obligado a cumplir" la normativa urbanística y "sobrepasa" las "competencias" del Consello da Xunta.

"EVIDENTE MALVERSACIÓN DE DINERO PÚBLICO"

Por otro lado, Adega ha recordado que "corresponde a los promotores" de dichas edificaciones realizar una cesión de suelo del 10 por ciento para servicios y plusvalías, además "costear" toda obra de servicios urbanísticos necesaria.

"En lugar de obligar a los promotores a la reposición de la legalidad urbanística, resulta que esta Consellería presenta un plan sectorial para legalizar toda esas ilegalidades", lamenta López Vispo, quien recuerda que el propio convenio reconoce la "puesta en cuestión de los niveles de suficiencia" de los servicios en dicho municipio.

Adega constata, de este modo, "una evidente malversación de dinero público" para suplir una inversión que correspondía "a los propios promotores antes de tener la licencia", junto con un "abuso de poder" por parte de Agustín Hernández al "utilizar las legislación de ordenación del territorio" para solventar irregularidades "reconocidas por la propia Xunta" en el anterior Gobierno.

"Si sale adelante, podemos decir que la legislación urbanística no vale absolutamente para nada", ha concluido Vispo, quien ha añadido que "dos sentencias ratifican la postura de la Xunta en su día"

"TENEMOS LA MARBELLA GALLEGA"

También presente en el acto, el secretario xeral de Adega, Froilán Pallín, ha criticado que los promotores "no se hagan cargo" de unas obras por valor de "14 millones de euros". "Tenemos la Marbella gallega", ha ironizado, en alusión a este "pelotazo urbanístico" que supuso incluso la apertura de un "expediente" a la secretaria que alertó de las irregularidades. "Todos los ingredientes de una novela".

Pallín ha advertido, así, que las leyes "no pueden ser un capricho" al servicio de la "discrecionalidad" de un Conselleiro, a quien recordó que "estaba avisado" desde hace un año "de que no siguiera adelante con el tema".

Finalmente, junto con varios representantes del colectivo vecinal 'Máis talento menos cemento', ha pedido a la administración de Justicia su compromiso con la legalidad vigente, al entender que dichas actuaciones "no pueden quedar impunes".

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