Lunes 05/12/2016.

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Empresarios de Badajoz tachan de "injusto" el Impuesto de Patrimonio, ya que empeorará el acceso de las pymes al crédito

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba) ha tachado de "injusto" el Impuesto sobre el Patrimonio, ya que según ha asegurado "afectará principalmente a las rentas medias y empeorará el acceso a la financiación de las pymes".
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En nota de prensa, Coeba muestra sus "serias dudas" sobre la constitucionalidad de la medida del Gobierno, que a su juicio "se burla el poder legislativo de las cámaras".

Para Coeba, "no es aceptable" la implementación de esta medida, que en su opinión se trata de "un claro ejemplo de inseguridad jurídica que afecta gravemente a la economía española".

Y es que, según apunta, el restablecimiento en este mismo ejercicio del impuesto, cuando ya han pasado las tres cuartas partes del año, "dota de una imprevisibilidad absoluta a los agentes económicos para evaluar el coste y la repercusión de esta medida en la toma de sus decisiones que afectan al ahorro y, por tanto, a la inversión productiva".

CREEN QUE PENALIZA EL AHORRO

Los empresarios creen que el Impuesto sobre el Patrimonio "castiga el sacrificio de las familias", ya que les obliga a pagar impuestos por los bienes en los que se ha materializado un ahorro que ya tributó en el momento en que se generó, como depósitos, efectivo o vivienda.

Destaca Coeba que la "alta tributación que ya soporta el ahorro" en el IRPF (19%-21%), unida a los bajos tipos de interés y a la inflación," hace que en la actualidad su rentabilidad neta sea ridícula", por lo que si se penaliza adicionalmente el ahorro a través del Impuesto sobre el Patrimonio "los ahorradores obtendrán una rentabilidad negativa".

Añade además que el Impuesto sobre el Patrimonio también lo pagan los extranjeros que poseen patrimonio en territorio español, como jubilados o inversores, por lo que "se propiciará que la inversión extranjera escape hacia otras economías con un sistema fiscal más favorable".

En ese sentido, Coeba asegura que a esta medida se le suman otras iniciativas anteriores que han aumentado los costes fiscales, tales como el aumento del tipo impositivo máximo sobre la renta y el ahorro; el aumento del IVA; el adelanto del pago fraccionado sobre el impuesto de Sociedades, "lo que redunda en una merma de recursos que son imprescindibles en esta situación de crisis económica para financiar y recapitalizar a las empresas".

ALCANZARÁ A LAS CLASES MEDIAS

Señala Coeba que a pesar de que se ha tratado de comparar el Impuesto sobre el Patrimonio con el Impuesto sobre grandes fortunas francés "no son equiparables", ya que el impuesto francés sólo grava patrimonios a partir de 1.300.000 euros, los tipos son muy inferiores a los del Impuesto sobre el Patrimonio y, además, el impuesto francés tiene amplias reducciones (por hijos, inversiones en pymes, donativos, etc.).

En ese sentido, Coeba ha explicado que una vez establecidas las modificaciones sobre el anterior Impuesto del Patrimonio "se penalizará especialmente" a aquellos sujetos pasivos que hayan materializado su ahorro a lo largo del tiempo en inmuebles de naturaleza urbana, depósitos bancarios y otros activos financieros, elementos patrimoniales sobre los que se está ya tributando y a los que el Gobierno establece una doble imposición.

Así, lamenta Coeba que dado el contexto actual, las entidades de crédito "tendrán mayores dificultades a la hora de aumentar sus pasivos en cuanto a la captación del ahorro" y, por tanto, "contarán con menores recursos para poder atender a las necesidades de financiación de la economía española, que son perentorias para la actividad de las pymes y de los autónomos".

Según los datos que apunta Coeba de la Agencia Tributaria, en 2007, el 15,19 por ciento de los que declaraban el impuesto en 2007 se verán obligados a satisfacerlo, y ha considerado "muy dudoso" que ese porcentaje tan elevado corresponda a grandes patrimonios.

Respecto del mínimo exento de 300.000 euros para la vivienda habitual cabe destacar que, en 2007, casi el 60 por ciento de los inmuebles declarados en el Impuesto sobre el Patrimonio "no correspondían a la vivienda habitual, por lo que su alcance es muy limitado".

En cualquier caso, y dadas las "grandes discrepancias" que existen en los precios de la vivienda entre las ciudades españolas, "el mínimo exento penalizará a los propietarios residentes en las ciudades más caras", señala Coeba.

Finalmente, señala Coeba que el Impuesto sobre el Patrimonio "no es un instrumento de política fiscal definitivo para afrontar el déficit pues su capacidad recaudatoria es muy limitada", y apunta que la recaudación prevista "es equivalente al ahorro obtenido por la eliminación de la deducción por nacimiento de hijos del IRPF".

"No parece que dicho ahorro se haya materializado en mejoras de nuestra economía, por lo que esta nueva medida tampoco tendrá impacto relevante en nuestras finanzas", señala Coeba, que considerad que "los ajustes fiscales deben ir por la vía del recorte del gasto corriente y del acometimiento de reformas estructurales".

DUDAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD

Finalmente, ha apuntado Coeba que dado el contexto económico actual, "el alcance de los cambios que se prevén por la restauración del impuesto sobre el Patrimonio, no justifica en absoluto su aprobación por trámite de urgencia", por lo que la adopción de esta medida "puede calificarse como un elemento de arbitrariedad importante de la política económica del actual Gobierno".

"Una vez más, asistimos perplejos al abuso de la legitimación que el Gobierno tiene conferida para legislar mediante Real Decreto-ley", y en ese sentido, y "al margen de otros argumentos que hacen dudar de la constitucionalidad de esta reforma, es muy dudoso que la Constitución permita burlar el poder legislativo de las Cámaras, mediante una iniciativa legislativa continua desde el Consejo de Ministros, cuando se ha tenido toda una legislatura para impulsar reformas de alcance", concluye.

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