Las declaraciones realizadas hoy por la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, cuestionando el sistema de financiación de las universidades españolas ha iniciado el sempiterno debate de quién tiene que pagar la universidad.
España cuenta con un modelo de financiación universitaria descentralizado por Comunidades Autónomas, donde la financiación, provisión y producción de la enseñanza universitaria son esencialmente públicas, cubriendo el 75% del coste total.
Aunque en las tres últimas décadas se ha producido una financiación creciente y gradual de origen público, la crisis económica iniciada en 2007 ha revertido esa tendencia dando argumentos a quienes aseguran que el sistema actual es insostenible. La inversión pública destinada a las universidades disminuyó en España un 11% entre 2008 y 2012, lo que se tradujo en un recorte de 1.168 millones de euros.
«Creo que el riesgo para el sistema universitario español es que se mantengan los intensos recortes de estos pasados años y que no se disponga de la financiación suficiente para responder a las exigencias de calidad que se le piden y para afrontar los nuevos y complejos retos que se le plantean. No se puede pedir que las universidades españolas estén en la cúspide de los ranking y al mismo tiempo dejarlas sin los recursos necesarios para conseguirlo», señala el Catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Oviedo, Juan Antonio Vázquez García.
En términos de financiación, España se sitúa en niveles inferiores a los de los países desarrollados de su entorno. Tanto el gasto total como por alumno están por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En España se destina el 1,1% del PIB a universidades frente al 1,9% que dedica Dinamarca, modelo que siempre se ha tomado como referencia. En España se gasta 10.600 euros por alumno universitario frente a los 17.120 euros que destina el país nórdico, donde la universidad no sólo es gratuita sino que también proporciona una ayuda económica por alumno de unos 390 y 785 euros al mes. Un sistema muy garantista sostenible a cambio de un sistema impositivo muy alto.
«Es preciso un serio compromiso de optimización y reorientación, que revise viejas inercias, que oriente los esquemas presupuestarios al cambio y que responda a la necesidad de proceder a nuevos ajustes entre oferta y demanda de los servicios universitarios» apunta el profesor Juan Antonio Vázquez García.
Entre esas viejas inercias destaca la disparidad de gasto según la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el alumno. Desde que se produjo la última fase de la descentralización de esta materia en 1996 la evolución de la financiación universitaria ha sido distinta, ya que cada una ha desarrollado sus propias políticas universitarias. Esta descentralización ha potenciado las diferencias hasta tal punto que estudiar una carrera en Madrid cuesta de media 1.820 euros frente a los 713 que cuesta en Galicia.
Otras de las deficiencias que hacen del sistema universitario español un sistema imperfecto y poco eficiente es la apuesta por el modelo de proximidad en detrimento de la especialización. Esto provoca que haya carreras ofertadas con menos de 20 alumnos nuevos.
Según datos oficiales del Ministerio de Educación, en España hay más de millón y medio de universitarios distribuidos en 83 universidades, 50 de ellas públicas, 200 campus, 2.676 grados y más de 4.000 másteres.
Aunque a primera vista pueda parecer que haya demasiadas facultades, si hacemos la media en España hay una 1,03 universidades por cada millón de habitantes, tasa muy parecida a la que hay en Italia (1,2), Alemania (1,07) o Francia (1,24). Estos datos arrojan lo que los expertos llevan denunciando desde hace tiempo, que hay demasiadas universidades iguales y todas ofrecen todas las titulaciones.
Otro de los aspectos que merman nuestro sistema universitario según los expertos es un ineficaz e insuficiente sistema de becas.
«La equidad cobra su significación más importante desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de la garantía de que el acceso a la educación no dependa de los niveles de renta, y de ahí la importancia de garantizar un adecuado sistema de becas que en nuestro país ha presentado simultáneamente problemas de suficiencia (por su escaso volumen), de eficiencia (por el modo en que se ha gestionado) y de equidad (por sus propios resultados) y en el que se requiere aún un impulso decidido para acercarse a los niveles medios europeos, aumentando significativamente el número de becarios», asegura el catedrático Juan A. Vázquez.
Según un informe de la Conferencia de Rectores de las Univerdades Españolas (CRUE), en los dos últimos años, la beca anual por alumno de educación superior ha disminuido cerca del 10%, es decir, que cobran 2.838 euros al año, 336 euros menos. El número de beneficiarios ha subido un 5,4% (hasta 322.000 en 2014) pero ha bajado un 5,8% el importe total de las ayudas, 909 millones de euros.
«Es necesario, sin duda, reflexionar y reformar los mecanismos de financiación universitaria y disponer de sistemas estables de financiación que permitan despejar incertidumbres y facilitar a las universidades el desarrollo de planes a medio y largo plazo. Un sistema de financiación reformado debe contar con incentivos y «recompensas» en función de resultados y ha de orientarse fundamentalmente como mecanismo de cambio e innovación en las universidades», destaca Vázquez.
¿El modelo de EEUU o el nórdico?
Desde el Ministerio de Educación plantean que «la ecuación imposible» de la financiación universitaria española, que cuenta con «una de las mayores tasas de acceso a la universidad, una de las tasas más bajas de matricula de toda la UE, impuestos bajos y casi ninguna selección para entrar en la Universidad» es imposible de mantener.
«Es muy necesaria, sin duda, una reflexión sobre la orientación y los mecanismos de la financiación universitaria. Pero lo que no me parece sostenible es que se base en argumentos como los que utiliza el ministerio y en una actitud con la que se comporta como agente externo al sistema universitario (y a veces, incluso, al propio gobierno), poniéndolo repetidamente en cuestión. Si lo considera insostenible, su responsabilidad de gobierno es decir lo que piensa hacer para que resulte sostenible y, si plantea dos modelos contrapuestos, su responsabilidad como gobierno es decir a los electores y a la sociedad por cuál se piensa decantar», insiste Vázquez.
Tras cuestionar el sistema de financiación español, la secretaria de Estado de Educación ha puesto como ejemplos «el de Estados Unidos, donde el estudiante tiene que costearse prácticamente todos los estudioso los países nórdicos en donde no pagan prácticamente nada a cambio de unas impuestos altos».
Si esas son las referencias en las que se va a fijar el Gobierno para buscar nuevas fórmulas de financiación, una tendencia hacia el modelo americano supondría un encaremiento importante de las matrículas que rompería con el sistema, más o menos garantista, que impera en Europa. «Tomar como referencia el sistema americano supone desconocer la situación bien diferente que domina en la gran mayoría de los sistemas universitarios europeos y que compone un pilar de esa gran construcción europea que es el Estado de Bienestar, que habrá que reformar para mantener pero no para proponerse su desaparición», advierte el catedrático Juan A. Vázquez.
Si se toma como referencia el modelo nórdico, donde la universidad es plenamenta gratuita y además cuenta con un sistema de ayudas complementarias, se deberia de elevar la carga impositiva para poder implantar un sistema tan garantista. Una posibilidad que queda descartada en pleno año electoral.
«Con estas propuestas, el ministerio entra unilateralmente en unas competencias de financiación universitaria que parece haber olvidado que tienen las Comunidades Autónomas y descuida las suyas propias en la mejora de sistemas como el de becas, en el que nuestro país tiene importantes déficits comparados y en el que se han registrado significativos retrocesos en estos años», subraya Vázquez.
Mecenazgo, donaciones y participación privada
La falta de financiación debido a los recortes en gasto público por parte de las Administraciones ha suscitado el interés de las universidades por buscar nuevos mecanismos para obtener recursos privados. En este sentido, un estudio elaborado por el Doctor José Antonio Martínez (Instituto de Estudios Fiscales) y la Doctora Carmen Pérez Esparrells (Universidad Autónoma de Madrid) hablan concretamente de «la captación de fondos privados filantrópicos (fundraising)».
Según la definición dada por Pérez-Esparrells y Torre, el fundraising sería «la búsqueda de recursos económicos de origen privado, voluntarios y eventuales (mecenazgo y patrocinio), que respondan a motivos filantrópicos y de interés para la institución de educación superior».
Lejos de alcanzar la cultura de filantropía universitaria que existen en otros países como EEUU, hay universidades públicas españolas que han explorado esta estrategia de financiación para mantenerse. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Carlos III, que haciendo honor a su lema «La pública diferencia», lanzó hace unos años una campaña de captación de fondos entre antiguos alumnos y ha puesto en marcha la iniciativa ‘Amigos de la UC3M’, dirigida a antiguos alumnos y empresas.
Además de la financiación privada, otro de las propuestas que hacen los expertos es el incremento de los rendimientos y retornos procedentes de la investigación y la transferencia de conocimiento al sistema productivo.
«La sostenibilidad del sistema público universitario requiere el replanteamiento de la financiación. Las universidades necesitan mantener sus inversiones en las actividades académicas, pero, sobre todo, su investigación futura para continuar cumpliendo su papel de motor de cambio en la sociedad», apuntan el Doctor José Antonio Martínez y la Doctora Carmen Pérez Esparrels en su artículo La financiación de las universidades públicas españolas: un instrumento para el cambio.
«La financiación privada ha de concebirse como complementaria y no sustitutiva de la financiación pública, que lejos de cualquier afán privatizador lo que ha de perseguir es hacer más eficiente y mejor financiada la universidad pública española», defiende el Catedrático Juan A. Vázquez.