En 2015, tras un pacto entre populares y socialistas, la definición de ‘terrorismo’ cobró un nuevo significado de la mano de la reforma del Código Penal que en su artículo 573 consideraba desde entonces los siguientes delitos como terrorismo:
Artículo 573
1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:
1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.
3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este Capítulo.
Así es como “legalmente” se justifica que los jóvenes del CDR (Comités en Defensa de la República) sean acusados de delitos de terrorismo por cortar carreteras y levantar barreras de peaje, ya que se entiende que su ánimo era “alterar gravemente la paz pública”. Del mismo modo, los acusados de las agresiones de Alsasua fueron vinculados con el nuevo y ambiguo concepto de terrorismo, elevando una pelea de bar a un delito por el que se piden 375 años de cárcel a 8 los acusados.
Parece que la nueva definición de «delitos de terrorismo» aprobada con la mayoría absoluta del PP, y el pacto antiyihadista firmado por el partido de Mariano Rajoy y el PSOE permite perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. De hecho, con la ley en la mano podría castigarse como terrorismo casi cualquier protesta ciudadana: (se considera delito de terrorismo) «Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».