Lunes 05/12/2016.

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Los padres de menores en botellones serán multados

Reivindica que Lavacolla juega "en otra división" frente a Alvedro y Peinador, y defiende que la Iglesia siga "custodiando" su patrimonio Condicionará las ayudas para rehabilitar el casco antiguo a "rehabitar" las viviendas y no permitirá "reformados" de presupuestos de obras
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Los padres de menores en botellones serán multados Los padres de menores en botellones serán multados

Reivindica que Lavacolla juega "en otra división" frente a Alvedro y Peinador, y defiende que la Iglesia siga "custodiando" su patrimonio

Condicionará las ayudas para rehabilitar el casco antiguo a "rehabitar" las viviendas y no permitirá "reformados" de presupuestos de obras

El alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa, tiene claro que ni la ingesta excesiva de alcohol ni el botellón conllevan "nada bueno", por lo que avanza "multas" para quien incumpla las ordenanzas municipales que lo prohíben y avisa de que, si lo hacen menores de edad, se "responsabilizará" y "multará" a los padres. Para mejorar la convivencia en la ciudad, también anticipa que aplicará el principio de "tolerancia cero" con el ruido.

Lo ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press después de tomar las riendas del Consistorio de la capital gallega, tras 24 años de gobierno socialista. Conseguida la Alcaldía, Conde Roa está dispuesto a "matarse" por cumplir los objetivos de gestión y combatir los problemas de la ciudad, pero ve que dos mandatos son "suficientes" para acometer su proyecto. "No quiero ser un tapón generacional", ha esgrimido, antes de rechazar rotundamente un posible salto a la política autonómica.

Entre los problemas con los que tendrá que lidiar desde la Alcaldía, ha hecho especial hincapié en el botellón, convencido de que no genera "ningún bien" y, frente la "esquizofrenia" de alcaldes socialistas que "toleran" esta práctica mientras que el Ministerio de Sanidad alerta de sus peligros, ha garantizado que si este "fenómeno" no cesa en la capital gallega, se irá "por la vía de las sanciones".

Con todo, preguntado por si Santiago estará libre de botellón el 24 de julio, ha abogado por diferenciar entre la "manifestación de carácter popular" que se produce en la ciudad en la jornada previa al Día de Galicia y las concentraciones sistemáticas de "jóvenes bebiendo en la calle" que se registran durante el curso. "¿Qué me gustaría que el 24 se bebiese menos? Sí, pero no se va a repetir la semana siguiente", ha señalado.

En la línea, ha calificado el ruido de "gravísimo problema" y ha subrayado que los locales tendrán que "cumplir los horarios". Eso sí, ha admitido que no se puede "criminalizar" a un hostelero porque un cliente "salga a la calle y se ponga a dar voces". "Lo que se puede hacer es aumentar los controles policiales y trabajar por la vía de las multas", ha aseverado.

Tras constatar su intención de luchar contra el ruido como un problema que cobra especial relevancia en el casco histórico, el regidor, que tiene el "objetivo político" de alcanzar los 100.000 empadronados en la ciudad, aunque ve un sólo mandato "poco tiempo" para lograrlo, ha reivindicado el "atractivo" de la conocida como zona vieja compostelana, si bien ha reconocido que su situación actual es "muy preocupante".

Frente a ello, ha avanzado medidas para facilitar la "movilidad" --como un bonotaxi para personas mayores subvencionado por el ayuntamiento o la introducción de "pequeños autobuses" que puedan circular por el casco antiguo-- y ha ratificado su compromiso por la "rehabilitación", aunque ésta tendrá que ir acompañada de la "rehabitación".

De este modo, ha avanzado que las ayudas para rehabilitación de viviendas estarán condicionadas a que se demuestre que están habitadas. También se ampliarán los usos del casco histórico. "¿Qué quiero decir? Que puede haber una tienda en un primer piso o que un edificio se puede dedicar a restaurante. Siempre y cuando se respete la fachada y la volumetría, como es lógico", ha ejemplificado.

"SE ACABARON LOS REFORMADOS"

Gerardo Conde Roa ha asegurado a Europa Press que el "mayor cambio" al asumir la Alcaldía afectó a su vida personal, pero no ha ocultado que la situación de las arcas municipales le preocupa, por lo que ha insistido en la necesidad gestionar con austeridad. Para empezar, en su toma de posesión anunció que se bajaba el sueldo un 3 por ciento que podría recuperar si "cumplía objetivos".

"El sueldo ya me lo he bajado", ha incidido, antes de avanzar que los criterios para determinar los objetivos que le permitirían recuperar este porcentaje serán "públicos". Aunque todavía no tiene la fórmula concreta, ha anticipado que se pueden tener en cuenta parámetros como la ejecución presupuestaria o el impulso de proyectos necesarios para la ciudad.

En cualquier caso, ha garantizado que "todo el mundo sabrá si llega" a estos objetivos. "Me mataré por conseguirlo porque me va algo en ello. Si no, qué le vamos a hacer. Lo que no puede ser es que uno cobre lo mismo tanto si no pega un palo al agua como si trabaja", ha reivindicado, al tiempo que ha admitido que todavía no se ha iniciado la auditoría externa comprometida para ver el estado de las arcas del Consistorio.

Aún así, ha alertado de que "siguen apareciendo deudas" --además de los 66,5 millones de "deuda viva" y los más de ocho millones de deuda con empresas proveedoras--, y ha añadido que "probablemente serán más". Frente a ello, además de "renegociar la deuda viva", aplicará un plan de ahorro para rebajar los capítulos de personal y de gastos generales.

Además, habrá que "mejorar la recaudación sin subir impuestos", porque "no se subirán impuestos". Como mecanismos para lograrlo, se ha referido a "estimular el departamento de Hacienda" y a reducir costes en la ejecución de obras, evitando proyectos complementarios. "Aquí se acabaron los reformados. Quien venga a contratar con nosotros lo hará a un precio y se mantendrá. Lo tienen que saber todas las empresas", ha subrayado.

Ha añadido que las tasas --de basura y agua, por ejemplo-- no se usarán "como impuestos" y no crecerán "más" que el coste del servicio, al tiempo que ha avanzado que "se reinvertirán" los fondos que generen las licencias urbanísticas en servicios como guarderías o colegios, al entender que enviar este dinero "a una caja común" se traduce "en una mala gestión". "Se acabaron las épocas de las alegrías presupuestarias", ha aseverado.

COMITÉ DE RUTAS Y CÓDICE

En clave institucional, ha asegurado no tener "preferencia" por ningún candidato para la renovación de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Sobre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) estatal, apoyará "a quien designe su partido", y preguntado por si vería bien la eventual candidatura del regidor de Valladolid, León de la Riva, ha insistido en que lo que decida el PP "estará bien". "Hay muchos alcaldes magníficos en España y el de Valladolid es uno de ellos", ha apostillado.

Lo que sí ha admitido son las dificultades de los municipios para financiarse y, si bien ha descartado su posible fusión, para la que no ve "mentalidad", ha considerado "urgente" mancomunar servicios. Del mismo modo, ha defendido una reforma de la financiación local en la que se "prime" a los ayuntamientos "que no despilfarran", extremo que considera "objetivo".

Por otra parte, Conde Roa ha rechazado la "resurrección" del comité de rutas, como órgano de coordinación de la política aeroportuaria gallega. De hecho, ha recordado que él "siempre sostuvo" que Santiago no debía participar en el mismo porque Lavacolla "juega en otra división" frente a Alvedro y Peinador. Dicho esto, ha avanzado que trabajará para mejorar las infraestructuras en Lavacolla y ha deseado "lo mejor" a los otros dos aeropuertos. "Que nos dejen trabajar tranquilos, que nosotros les dejaremos trabajar tranquilos a ellos", ha concluido.

Por último, en relación a la sustracción del Códice Calixtino, el alcalde ha subrayado que "los únicos culpables son los ladrones" y ha abogado por priorizar su recuperación al debate sobre las medidas de seguridad. En todo caso, se ha mostrado convencido de que la Iglesia debe "seguir custodiando" su patrimonio, mientras que las administraciones públicas deben "ayudar a mejorar las condiciones" en las que se custodia.

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