Domingo 11/12/2016.

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El Síndic concluye que se vulneraron derechos en manifestaciones de indignados

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, concluye que la "mala administración" del Ayuntamiento de Barcelona y de la Conselleria de Interior en la operación del 27 de mayo en plaza Catalunya, que acabó con duros enfrentamientos entre policía e 'indignados', y en el intento de bloqueo del Parlament supuso vulneración de los derechos de reunión y manifestación, derechos de acceso y ejercicio de representación democrática y derechos a terceros.
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Ribó ha hecho públicas este lunes las conclusiones de su actuación de oficio --que ha entregado a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert-- tras los dos episodios relacionados con las protestas de los 'indignados', en las que constata que faltó una actuación más proactiva del Ayuntamiento para gestionar la acampada, que los Mossos d'Esquadra hicieron un uso "desproporcionado de la fuerza" contra los manifestantes el 27 de mayo, además de que hubo una mala planificación y coordinación entre cuerpos policiales de ambos dispositivos, y una falta de identificación de los agentes.

Además, tacha de "absolutamente inadmisible" que los diputados no pudieran acceder al Parlament y lamenta que no se les garantizara la entrada en el recinto, y cree que las agresiones a los parlamentarios son penalmente perseguibles.

En este sentido, ha hecho hincapié en que fue un "hecho muy grave" que hasta tres caravanas de coches tratarán de acceder al Parlament --una del conseller de Salud, Boi Ruiz, otra del delegado del Govern y otra con los máximos mandatarios del país-- en diferentes momentos, sin éxito, y que la respuesta del operativo fuera la misma en todos los casos y no se corrigiera.

No obstante, para Ribó, en ningún caso acciones como las del 15 de junio ante el parque de la Ciutadella "tienen cabida en el ejercicio legítimo del derecho de reunión y manifestación ni se pueden justificar".

En general, el Síndic echa en falta que desde el Ayuntamiento tomaran un papel "más activo" para gestionar la acampada en plaza Catalunya, celebrada en un espacio de titularidad pública y competencia municipal, y velar para que concurrieran las condiciones objetivas para compaginar el uso general del espacio con las protestas.

Asimismo, critica un "claro déficit de planificación" de los operativos policiales y en la coordinación entre cuerpos y la falta de explicación a los acampados del objetivo de la operación del 27 de mayo, que era de limpieza.

Para Ribó, estas carencias pudieron ser lo que en buena parte generó después el uso desproporcionado de la fuerza el 27 de mayo, unas cargas que estima no eran necesarias porque no se estaba dando una alteración del orden público grave.

También ha criticado los "decomisos indiscriminados" de objetos que no eran peligrosos, como por ejemplo ordenadores y libros, pese a que no ha cuestionado la acción de limpieza para evitar males mayores de cara a la celebración de la victoria del FC Barcelona en la Champions League.

SUGERENCIAS

Ante estos problemas, el Síndic propone a Interior que investigue si hubo actuaciones policiales incorrectas y abra expedientes disciplinarios si así fuera, y les insta a que los agentes de orden público vayan identificados tal y como marca la ley.

Pide a la administración que frente al ejercicio del derecho a manifestación actúe con un "cuidadoso equilibrio" y con criterios de proporcionalidad para no limitar dicho derecho y directamente reclama al Ayuntamiento que adopte un papel más activo para prevenir incidentes y evitar degradaciones del espacio público.

Sugiere que se revise la formación específica de las fuerzas policiales de orden público, que se mejoren los mecanismos de planificación y coordinación, y que tanto los Mossos como la Urbana dispongan de un grupo de personas expertas en mediación y prevención como recurso alternativo de la fuerza.

En su informe, Ribó detalla que a raíz de estos hechos ha recibido 394 quejas, la gran mayoría por la actuación policial, que se transmitirán a la Conselleria, y ha negado que se le planteara en ningún momento ejercer de mediador entre los 'indignados' y la administración.

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