Jueves 23/11/2017.

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La Oficina del Defensor del Pueblo gestiona más de 2.000 expedientes relativos a la inmigración en 2011

La Oficina del Defensor del Pueblo ha tramitado más de 2.000 expedientes en materia de inmigración en lo que va de año, una cifra similar a la gestionada en el mismo período durante 2010, según ha informado la institución en un comunicado.
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No obstante, aunque se mantiene el número de quejas y los problemas planteados no difieren en exceso con los de años anteriores, la institución considera "significativo" que muchos de los escritos que han llegado ponen de manifiesto los efectos que la crisis económica ha tenido sobre la población migrante.

La demora en la tramitación de las renovaciones de las autorizaciones de trabajo y residencia así como los graves retrasos que padecen los expedientes de nacionalidad en los distintos registros civiles son el objeto de la mayoría de las quejas de los ciudadanos extranjeros que se dirigen al Defensor del Pueblo.

Asimismo, en 2011 las quejas relativas a las demoras en la tramitación de los expedientes de nacionalidad en el Registro Civil siguen siendo unas de las más numerosas. También persisten los problemas detectados en años anteriores en las oficinas de extranjeros de varias provincias con las largas demoras en las solicitudes de cita y en la tramitación de las renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo.

Por otra parte, de nuevo los ciudadanos españoles casados con extranjeros han protagonizado muchas de las quejas que llegan a la Institución al ver cuestionados sus matrimonios por las sospechas de algunos consulados de encontrase ante uniones de conveniencia. En reiteradas ocasiones la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha tenido que formular sugerencias para resolver situaciones de este tipo.

Además, se han producido varias reformas legales e importantes cambios en procedimientos administrativos, en muchas ocasiones, gracias a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo. Entre ellas, la institución ha destacado la reforma en la Ley de Extranjería, que permite que cualquier ciudadana extranjera en situación irregular, víctima de violencia de género, pueda acudir a la policía a denunciar, sin miedo a que se inicie un expediente de expulsión en su contra.

En cuanto a asuntos pendientes de resolver, la oficina ha destacado las quejas que se siguen recibiendo por parte de colectivos y de ciudadanos que denuncian haber sido testigos de prácticas abusivas por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación y detención de personas extranjeras en diferentes ciudades españolas.

SITUACIÓN "CERCANA AL COLAPSO"

En otro orden de cosas, la institución considera que hay que seguir trabajando también en la mejora efectiva de las condiciones de privación de libertad en las que se encuentran las personas extranjeras en los centros de internamiento, así como en la urgente necesidad de mejorar las instalaciones de varios de estos centros.

"Resulta asimismo urgente seguir avanzando en la racionalización y mejora de todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con la extranjería. La inaceptable demora que han de seguir soportando los ciudadanos extranjeros en su relación con la Administración ha de ser abordada de manera decidida", ha solicitado.

En este sentido, ha recordado la situación "cercana al colapso" que soporta el Registro Civil Central, que afecta también a ciudadanos españoles, y que entiende que ha de atajarse "de manera urgente".

INFORME SOBRE LA TRATA DE PERSONAS

Por último, en 2011 la Defensora del Pueblo presentó el informe monográfico '¿Menores o adultos?: Procedimientos de determinación de la edad', en la que se recogen las deficiencias detectadas en estos procedimientos y se da cuenta de las 41 recomendaciones para erradicarlas.

A día de hoy, la oficina está elaborando un monográfico sobre la trata de seres humanos y en el que también se analizan los convenios internacionales suscritos por España y la normativa europea para comprobar si el standard de protección a las víctimas es el adecuado. Además, se formularán también recomendaciones dirigidas a aquellos órganos de la administración con competencia en la materia.

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