Una mujer con un sospechoso bulto en el pecho a la que se le niega un diagnóstico, a pesar de contar con antecedentes de cáncer, un ghanés con diabetes al que se le impide el acceso al programa de salud de Aragón, un saharaui trasplantado de riñón que no recibe atención farmacéutica en el Hospital de Canarias… Son algunos de los mil casos que al ONG Médicos del Mundo documenta en el informe “ Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”, radiografía de los dos años de aplicación del Real decreto del Gobierno.
Ese Real Decreto, aprobado el 20 de abril de 2012, establece una rotunda limitación del acceso a la prestación sanitaria para los inmigrantes irregulares, limitándola, únicamente, a casos de urgencias y a la atención de mujeres embarazas y menores. La reforma del Gobierno, justificada en razones de sostenibilidad del sistema, establecía que ningún irregular que no contase con tarjeta sanitaria o estuviese adscrito a un seguro médico sería atendido, a excepción de los casos antes indicados.
De esta forma, la atención sanitaria queda supeditada a la residencia legal y por tanto, a un permiso de trabajo. Médicos del Mundo denuncia las vulneraciones en el derecho al acceso sanitario, especialmente para los inmigrantes en situación irregular o sin papeles, algunos de ellos con enfermedades crónicas que han visto interrumpido su tratamiento, o con enfermedades graves no diagnosticadas. La ONG expone también casos de personas que sí están en situación regular y otras nacionalizadas españolas a quienes no se ha proporcionado la información adecuada para solicitar o renovar la tarjeta sanitaria.
El informe reporta además las diferencias en la atención prestada por cada comunidad autónoma, responsables del posterior desarrollo del derecho. Así, se indica, por ejemplo, que en siete de ellas (Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia) se ha puesto en marcha un programa complementario para estos colectivos.
En Asturias y Andalucia, los irregulares pueden acceder a las prestaciones en las mismas condiciones que el resto de la población. En otras cinco se aplican excepciones. Son, por ejemplo, el caso de Madrid y Murcia, en la que se atiende a pacientes crónicos diagnosticados antes de abril de 2012. También Madrid, con Castilla y León, Baleares y La Rioja incluyen a quienes padezcan patologías con riesgo para la salud pública y, en las tres últimas, para enfermos mentales. Castilla La Mancha aplica el derecho en toda su extensión.
La ONG insta al Gobierno a revisar la reforma ya que no se ha cumplido el argumento de ajuste económico pretendido y pide que se “restituya el modelo sanitario acorde con el principio de universalidad de la asistencia sanitaria”. Entre otras peticiones, solicita que se deje sin efecto el copago de fármacos hospitalarios o la facturación por la atención en Urgencias.
Estos son algunos de los casos documentados por la organización;
Mujer con cáncer de cuello de útero sin atención médica:
Samira es una marroquí de 34 años a la que se le negó el acceso al programa aragonés de Protección Social de Salud Pública por no disponer de la documentación marroquí exigida. En una revisión ginecológica fue diagnosticada de una infección por el virus del papiloma humano en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, se le realizó una biopsia en la que se le diagnosticó cáncer de cuello uterino. Pero al no disponer de tarjeta sanitaria, no recibió citación para la correspondiente cirugía. Ello, a pesar de que Samira cumple con los requisitos exigidos por el programa de Aragón, que establece la necesidad de llevar seis meses empadronada en la comunidad y tener pasaporte en vigor.
La organización documenta también el caso de una mujer de nacionalidad colombiana, residente en Albacete, con un bulto en el pecho y antecedentes familiares de cáncer, a la que no se le realizan las pruebas de diagnóstico por carecer de tarjeta sanitaria. Y la de un hombre procedente de India y residente en Baleares, a quien se denegó la renovación de la tarjeta en 2006 y, en consecuencia, una cirugía tras ser diagnosticado de un tumor maligno en el tejido cartilaginoso.
Persona con posibilidad de contagio de hepatitis a la que se le niegan las pruebas
El informe recoge el caso de una persona residente en nuestro país desde hace ocho años y que carece de tarjeta sanitaria a la que se le niega el acceso a las pruebas de hepatitis viral a pesar de la posibilidad de contagio, ya que su pareja con VIH había sido recientemente diagnosticada.
Factura por la atención en urgencias
Médicos del Mundo denuncia el caso de una mujer de nacionalidad hondureña operada de apendicitis y hospitalizada durante más de trece días por complicaciones, que, tras su ingreso hospitalario, recibe dos facturas por importe de 3.000 euros cada una.
Murió sin saber que tenía tuberculosis
La organización recoge también el caso de Alpha Pam, un ciudadano senegalés, residente en Mallorca y sin tarjeta sanitaria al no disponer de permiso de residencia, que vagó durante seis meses por centros de salud antes de fallecer por una tuberculosis. Según denuncia Médicos del Mundo, le fue denegada en varias ocasiones la atención en urgencias, a pesar de que la ley sí lo establece. Tampoco se le realizaron las pruebas ni radiografías correspondientes, a pesar de manifestar múltiples síntomas de la enfermedad. Los médicos, en una revisión sin pruebas, le diagnosticaron bronquitis. Alpha Pam falleció el pasado 24 de abril, “en su domicilio, rodeado de abundante sangre en forma dwe grandes charcos”. Y sin conocer el diagnóstico de su enfermedad: tuberculosis.
Desde el Ministerio de Sanidad afirman a este periódico que a este paciente se le proporcionó, en todo momento, la atención médica necesaria.
Trasplantado de riñón que no recibe tratamiento
La organización denuncia el caso de un paciente saharaui, de 56 años, con diagnóstico de insuficiencia renal, que entra en programa de hemodiálisis en el Hospital Universitario de Canarias, donde recibe tres sesiones semanales. El 1 de septiembre de 2012, le comunican desde el hospital que debe acreditar su condición de asegurado pormedio del Sistema Nacional de Salud o, en caso contrario, deberá abonar todos los gastos médicos. En consecuencia, paraliza el procedimiento.
En octubre de 2013 le realizan trasplante renal. También consigue tramitar la tarjeta sanitaria en base a la Orden de 16 de Agosto de 2013. Cuando recibe el alta un mes después, la familia del paciente se pone en contacto con Médicos del Mundo porque no cuentan con recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos de medicación que precisa (ya que debe aportar el 100%).
Este tratamiento de largo plazo es fundamental y condiciona su supervivencia. Si no lo obtiene, la consecuencia sería un alto riesgo de rechazo del trasplante renal con claro empeoramiento de su salud, lo que requeriría ingreso hospitalario con mayor gasto sanitario y alta probabilidad de regreso al programa de hemodiálisis.La mediación de Médicos del Mundo con diferentes unidades del servicio canario de salud aún no ha dado resultados.
Mujer nacionalizada española con varias enfermedades crónicas
Odalys es una mujer de 58 años de edad, originaria de República Dominicana pero nacionalizada en España. Padece varias enfermedades crónicas: Hipertensión arterial esencial, Cardiopatía isquémica crónica, Radiculopatía, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertrofia ventricular izquierda ligera, Insuficiencia mitral ligera e Insuficiencia venosa en miembros inferiores. Acude a Médicos del Mundo en agosto de 2013, refiriendo graves dificultades económicas para costearse el tratamiento que se le ha pautado. Aunque ha acudido a los distintos recursos sociales de la zona, las ayudas destinadas a cubrir gastos de medicación son puntuales, mientras que sus enfermedades son crónicas. Su medicación ronda los 150 euros mensuales.