Calle Laffón Soto de Sevilla, 29 de septiembre de 2003, 22.15 horas de la noche. Con el semáforo en rojo, un potente BMW abandona su carril e invade el sentido contrario para sortear a los vehículos que, pacientemente, esperan a la luz verde. Algunos le increpan, pero el conductor, un joven y famoso bailaor de flamenco, no se inmuta y acelera hasta los 90 Km/h en una zona limitada a 40 Km/h.
En aquel mismo momento, Benjamín Olalla, un mecánico sevillano de 35 años, cruzaba correctamente por el paso de peatones, ajeno a lo que sucedía alrededor. El impacto fue brutal. El cuerpo de Benjamín se elevó a 4 metros de altura, estrellándose a continuación contra el asfalto. El coche, lejos de detenerse, aceleró, perdiéndose a gran velocidad en las calles de la capital andaluza. El resto es de sobra conocido. Es el relato del caso Farruquito, un homicidio que supuso un antes y un después en la represión y el control de la delincuencia vial.
La condena, que apenas le supuso al bailaor 14 meses reales de prisión, causó una fuerte alarma social que acabó provocando un gran cambio legislativo en materia de seguridad vial. 14 años después de este suceso, los delitos contra la seguridad en el tráfico se han convertido en los más habituales en los juzgados españoles, ya que suponen el 35% del total de delitos que se cometen en España. De hecho, las cifras impresionan: desde 2008 se han celebrado casi 900.000 juicios sobre seguridad vial, de los cuales 650.000 han terminado en condena. En este sentido, la proporción de sentencias condenatorias también ha experimentado una gran evolución en los últimos años, pasando del 66% registrado en 2008 al 85% en 2015.
Desconocimiento e imprudencia
Pese a la gravedad de los datos, los españoles aún no se han concienciado lo suficiente, ya que más de 4,5 millones de conductores reconocen haber realizado alguna vez conductas delictivas al volante, tales como conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, ir a más de 200 Km/h por una autopista o circular sin permiso, entre otras. Probablemente, porque tampoco parecen conocer su existencia, ya que más de 9 millones de conductores ignoran que pueden ir a la cárcel por una cuestión relacionada con la seguridad vial y casi 11 millones no saben que conducir bajo la influencia de las drogas puede provocar el ingreso en prisión.
Pero más allá del desconocimiento, estas conductas conllevan un problema mucho más grave en la sociedad, ya que tienen una influencia directa en las cifras de siniestralidad. De hecho, se puede estimar que el 14% del total de los fallecidos en accidente de tráfico murió por conductas delictivas de otro conductor, lo que supone que se estima en más de 2.400 las personas que han perdido la vida por estas prácticas en los últimos 8 años.
Según datos de la fiscalía de 2012 a 2015, un 35% de todos los delitos que se cometen en España corresponden a delitos contra la Seguridad Vial y desde 2012 un 14% de personas fallecieron por conductas delictivas en carretera motivadas por otro conductor.
Por otro lado, un 83% de los encuestados afirma que la justicia no es igual para todos y el 91% está a favor de las penas de cárcel por este tipo de delitos. Un 13,7% apuesta por endurecer las penas y un 19% impondría penas más duras a personajes famosos.