Martes 06/12/2016.

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Exconsejero del CSN tilda de "aberración" la sentencia y la decisión del Gobierno de destruir "un bien nacional"

El catedrático emérito de ingeniería nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid y ex consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Agustín Alonso ha calificado de "aberración" el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, según recoge una sentencia de la Audiencia Nacional que desestima todos los recursos presentados y que da la razón al Gobierno en su decisión de que la central burgalesa funcione hasta el 6 de julio de 2013 y, a partir de esa fecha, cierre definitivamente.
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Exconsejero del CSN tilda de "aberración" la sentencia y la decisión del Gobierno de destruir "un bien nacional" Exconsejero del CSN tilda de "aberración" la sentencia y la decisión del Gobierno de destruir "un bien nacional"

En declaraciones a Europa Press, Alonso ha manifestado su desacuerdo y ha dicho que la sentencia le parece "muy mal" desde el punto de vista legal, técnico y económico. "Es una aberración destruir un bien nacional de gran valor y, en su lugar, destruir puestos de trabajo y hacer trabajos innecesarios porque el desmantelamiento sale más barato cuanto más años funcione la central. Como Garoña hay varias centrales en Estados Unidos que van a funcionar 60 o más años", ha manifestado.

Alonso estima que un país como España, "necesitado" de energía "no puede" soportar una decisión como esta y que "ni el Gobierno ni los jueces tienen razón para tratar al país como lo hacen en esta sentencia".

En lo que se refiera al punto de vista legal, considera que los magistrados de la Audiencia Nacional no han tenido en cuenta el artículo 32 de la Ley de Energía Nuclear que especifica que se pueden quedar sin efecto las autorizaciones por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Industria.

A su juicio, esto "no se ha cumplido" porque la autorización está emitida por el Ministerio de Industria, sin hacer constar que había habido un acuerdo previo del Consejo de Ministros y, además, porque la orden ministerial (que autoriza a Garoña a operar hasta el 6 de julio de 2013) no ha sido firmada por el ministro sino por secretario de Estado de Energía.

Asimismo, ha insistido en que dicho artículo establece también que el Gobierno puede imponer un cierre a una instalación "solo cuando concurran razones excepcionales de interés nacional" y esas razones excepcionales "no se hicieron constar en la orden ministerial, ni se mencionan en la sentencia, por lo tanto eso lo invalida".

Sobre las razones técnicas, ha dicho que de las renovables el tribunal no ha considerado que "simplemente no sirven" para sustituir a la energía nuclear, que proporciona energía de base y de forma controlada, mientras que las renovables producen energía intermitente no pueden suministrar energía de base a no ser que se almacene, algo que "no se hace y que técnicamente es muy difícil y caro". En definitiva, ha apostado por que nuclear y renovables son dos tecnologías que se complementan y que no sustituyen la una a la otra.

SIN POLÍTICA ENERGÉTICA CONOCIDA

De este modo, critica que las razones que esgrime la sentencia apuntan a que el Gobierno puede tomar decisiones que afecten a la política energética. Sin embargo, para Alonso el Gobierno español "no tiene política energética en este momento" ya que asegura que "no hay ningún documento donde se señale dicha política con decisión y formalidad y que haya pasado por el Congreso y el Senado".

En ese sentido, ha subrayado que, a su juicio, el Gobierno "no ha querido tener ningún debate público sobre la política energética del país" y ha recordado que en 2005 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio celebró una mesa de diálogo con la intención de cerrar todas las centrales nucleares. Así, ha relatado como testigo de la cita que se llegó a la conclusión de que ese objetivo (cerrar las centrales) "no era posible y que no era recomendable hasta no tener una tecnología mejor que hoy por hoy no existe".

Con todo, ha insistido en que no encuentra que existan razones jurídicas ni técnicas suficientes para destruir una tecnología que "está disponible, que es buena para el país, que produce bastante electricidad", porque ha añadido que, a pesar de que Garoña sea pequeña, ha defendido que produce 460 megawatios de potencia funcionando constantemente.

"El Gobierno no tiene autoridad para privarle al país de un bien productivo", ha sentenciado el catedrático emérito, al tiempo que ha incidido en que cuando Garoña deje de funcionar deja de ser una fuente de dinero y pasa a ser un sumidero de recursos que estará absorbiendo durante unos 10 o 15 años.

Finalmente, ha expresado su decepción porque, en su opinión, "siempre le queda a uno por pensar que en España hay jueces y políticos sensatos". "¿Cómo es posible que ocurra esto en un país como el nuestro, que tiene mucho que hacer para mejorar la vida del país? Estamos destruyendo algo muy valioso. Es ilógico e irresponsable", ha apostillado.

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