Miércoles 07/12/2016.

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La Defensora del Pueblo considera "un dispendio absurdo" crear una autoridad para la igualdad de trato

Cuestiona la "independencia" que tendrá ese organismo si es designado a dedo por el Gobierno
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La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, considera "un dispendio económico absurdo y un dispendio de material y humano absurdo" crear una autoridad nacional específica para la defensa de la igualdad de trato, conforme prevé el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, cuando estas funciones pueden ser asumidas por el Defensor del Pueblo al igual que se ha hecho en países como Francia o Reino Unido.

En una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso para informar el Proyecto de Ley, Cava de Llano ha planteado además, qué es lo que querrían las personas que sufren discriminación. "¿Qué es lo que prefieren las víctimas? ¿Que haya muchas instituciones para velar por sus derechos o que haya una fuerte, suficientemente dotada de medios económicos y de personal que pueda defenderlos?", ha apuntado.

En su opinión, "una macro autoridad" como la que se persigue, que "tiene poder hasta para personarse en los juicios", requerirá de "un staff muy importante" para hacer frente a todas sus competencias, lo que "lógicamente, en unos momentos de situación económica complicada va a suponer un gasto más". Mientras, el Defensor ha asumido la función de Mecanismo Nacional de la Tortura sin recibir ampliación presupuestaria para ello, según ha apuntado.

Además, ha recordado que tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Económico y Social (CES) han advertido del "evidente riesgo de duplicidad administrativa" y "solapamiento" de funciones que acarrea la creación de una nueva autoridad, habida cuenta de que el Defensor del Pueblo ya lucha actualmente contra la discriminación y por la igualdad de trato, asuntos que son "prioridad cotidiana" en la Alta Institución.

En esta línea, ha indicado que, como la autoridad pretendida por el proyecto de ley sería nombrada por el Gobierno, "va a ser el Defensor del Pueblo quien al final, supervise su labor", porque así se lo encomienda la Constitución, al tratarse la autoridad de un organismo dependiente de la Administración General del Estado.

"¿INDEPENDENCIA, DE QUÉ?"

Sobre este asunto, ha añadido que es una cuestión que "da más puntos" a su institución para asumir la lucha contra la discriminación, porque mientras el Defensor del Pueblo es elegido por acuerdo de tres quintos del Parlamento, "la autoridad es una designación digital del Gobiero que ostenta el poder". "Se habla de independencia pero se dice que la Autoridad va a ser designada por el Gobierno central: ¿Independencia de qué?", ha planteado.

En cuanto a la intención del legislador de equiparar la defensa de la igualdad de trato en España a la de otros países europeos, Cava de Llano ha incidido en que la tendencia internacional es reforzar el organismo que en cada Estado defiende los Derechos Humanos y no crear nuevas instituciones, como han hecho Francia, Reino Unido y México.

Así, ha explicado que el equivalente a la autoridad para la igualdad de trato "existía en Francia, pero se han dado cuenta y han reparado lo que habían hecho" ya que "antes era una autoridad independiente y ahora su función se la asignan al Defensor de Derechos (igual que el Defensor del Pueblo español)". "Ocurre en Reino Unido igual, y en México", ha destacado.

Para Cava de Llano, se debe tener en cuenta también que los organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas quieren un interlocutor válido en cada país y, en España, "la única institución" que cumple los requisitos de garantías e independencia para ello según la propia ONU es el Defensor del Pueblo.

"¿Cuál va a ser el interlocutor ante Naciones Unidas? ¿El Defensor, la Autoridad, uno nuevo que se cree? ¿Qué queremos, más instituciones o una que represente los intereses de los ciudadanos de España?", ha planteado.

"Insisto, desde un profundo conocimiento de la Institución y de adónde puede llegar, en lo que va a suponer de solapamiento, duplicidad, despiste a los ciudadanos, que no van a saber a donde van", ha añadido la Defensora del Pueblo, para incidir en que si bien respeta lo que emane del Parlamento, la creación de una autoridad "no es lo mejor" y habría que "tener presente el marco de evolución general que se está produciendo hoy día".

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