Domingo 04/12/2016.

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Ciencia plantea que la Agencia de Investigación prime el mérito científico en la asignación de recursos a investigadores

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha propuesto que la Agencia Estatal de Investigación prime el mérito científico o técnico, a la hora de asignar recursos o destinar fondos públicos, de forma competitiva y eficiente, a la investigación científica y técnica, así como estudios, análisis y prospectiva, con el fin de realizar una política científica y tecnológica más eficaz y sensible al bienestar y desarrollo de la sociedad española.
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Ciencia plantea que la Agencia de Investigación prime el mérito científico en la asignación de recursos a investigadores Ciencia plantea que la Agencia de Investigación prime el mérito científico en la asignación de recursos a investigadores

Así se desprende del texto de la 'Versión 0 del Proyecto de Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación', un borrador de un total de 27 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de 20 de julio de 2011, y que ha sido elaborado por la Secretaría de Estado de Investigación.

En concreto, la creación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue acordada en la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo.

Según se desprende de este texto preliminar, la AEI debe tener como objeto principal el "fomento de la generación del conocimiento en todas las áreas del saber, mediante el impulso de la investigación científica y técnica, que deberá apoyar a través de acciones de fomento, propuesta, desarrollo, ejecución, asesoramiento y prospectiva".

A pesar de que fuentes cercanas al ministerio que dirige Cristina Garmendia han asegurado a Europa Press que no será posible ejecutar este proyecto ante la falta de tiempo, Ciencia plantea entre los principios básicos de actuación de la AEI la "transparencia en la evaluación, selección y financiación de la investigación científica y técnica, que permita disponer de una información precisa y completa sobre todos los aspectos de la evaluación realizada y de la financiación asignada, así como de rendición de cuentas".

CRITERIOS DETALLADOS

Igualmente, quiere que este órgano se rija desde la "objetividad", estableciendo criterios detallados, "determinados y públicos", tanto para las funciones de evaluación como para las de selección y financiación; además de cooperar con otros agentes nacionales e internacionales, en particular con las comunidades autónomas, otras agencias e instituciones nacionales e internacionales de investigación, los organismos públicos de investigación y las empresas.

Entre otros puntos, también considera necesaria una actuación con "independencia de criterio, dictamen y juicio" en la realización de sus trabajos, sobre la base de valores de responsabilidad pública y competencia profesional, y autonomía para gestionar los medios puestos a su disposición.

Entre otras funciones, tiene atribuida la gestión de los programas o instrumentos que les sean asignados por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica o por el Plan Estatal de Innovación, y, en su caso, los derivados de convenios de colaboración con entidades españolas o con sus agentes homólogos en otros países, cuando proceda utilizar criterios de evaluación para la asignación de los recursos que tomen en cuenta el mérito científico o técnico.

De igual forma dependen de ella la programación, la gestión, la evaluación y el seguimiento de las actuaciones de formación, incorporación y especialización de personal investigador y técnico en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Así como la gestión de los premios nacionales de investigación, o la evaluación de las actuaciones de los centros e infraestructuras singulares de investigación científica y técnica y de las grandes instalaciones científico-técnicas nacionales e internacionales.

ÓRGANOS DE GOBIERNO, EJECUTIVOS Y DE APOYO

Por otro lado, y tal y como anunció este miércoles la titular de Ciencia en el Congreso, los órganos de gobierno de la AEI estarán principalmente compuestos por científicos encabezados por el presidente y el Consejo Rector.

Según prevé este informe preliminar, el presidente de la AEI será nombrado y separado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, entre científicos de reconocido prestigio internacional que hayan destacado por su nivel de excelencia científica y hayan contribuido de manera significativa al avance de la ciencia española tanto a nivel nacional como internacional. Su nombramiento tendrá una duración de cinco años, renovable por una sola vez.

Por su lado, el Consejo Rector es el órgano de gobierno colegiado de la AEI y tendrá que celebrar sesiones ordinarias con periodicidad al menos cuatrimestral. Podrá mantener sesiones extraordinarias por decisión de su presidente y cuando así lo solicite al menos la mitad de sus miembros y deberá supervisar y controlar la actuación de la agencia.

Estará formado por el presidente de la AEI, que presidirá el Consejo Rector y por el director de la AEI, así como por vocales nombrados directamente por el que ostente el cargo de ministro de Ciencia e Innovación.

FINANCIACIÓN

Entre otros, el 'borrador' o 'versión 0' del Ministerio de Ciencia e Innovación plantea que dicha agencia se financie, entre otras fuentes, a partir de créditos previstos en los Presupuestos Generales del Estado; ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposiciones legales, para otras entidades, públicas o privadas; ingresos provenientes de la enajenación de bienes y valores que constituyan su patrimonio; aportaciones patrimoniales realizadas por la Administración General del Estado, entre otros.

Igualmente, por el rendimiento procedente de sus bienes y valores; aportaciones voluntarias, donaciones, herencias, legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares; ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades e instalaciones.

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