Domingo 04/12/2016.

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CiU propone que los objetivos de reducción de emisiones se definan en función de cada CCAA y que sean voluntarios

El grupo parlamentario catalán Convergencia i Unió (CiU) ha propuesto un conjunto de medidas para su estudio en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Cambio Climático, entre las que plantea que se definan objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para las distintas comunidades autónomas y que éstos sean de cumplimiento "voluntario".
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Así se expone en el documento al que ha tenido acceso Europa Press y que CiU ha remitido a la citada comisión. En el texto se considera que el Gobierno "debería crear los mecanismos adecuados para canalizar los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión de forma equitativa, eficiente y eficaz" que deben destinarse a las políticas de cambio climático.

Al mismo tiempo, propone que "sin más demora" se presente el Proyecto de Ley de ahorro, eficiencia energética y energías renovables que "asegura la descentralización de la energía" y el cumplimiento de los objetivos europeos de reducción que, en otro punto del documento estima que debería promover que alcance el 30 por ciento en 2020 en el marco de la Unión Europea.

Igualmente, propone que se inste al Gobierno a incrementar el apoyo a los Planes Estatales de Investigación en clima y a emprender iniciativas que tengan por objeto avanzar, consolidar y ampliar la investigación en temas climáticos.

En cualquier caso, el texto expone la intención de CiU de reconocer la máxima relevancia de la escala regional y local en materia de adaptación y de mitigación. "Se debe considerar en todo momento la gran responsabilidad que en políticas de cambio climático otorga la vigente distribución competencial de las CCAA y entes locales", señala el documento.

Además propone establecer sistemas de compensación e intercambio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero asociadas al sector de los residuos entre administraciones.

En materia fiscal, CiU plantea revisar y adecuar la normativa haciendo posible la promoción de la inversión en recursos clave y en capital natural como agua, energías renovables, recursos marinos, biodiversidad, servicios ecosistémicos, bosques, agricultura sostenible, prevención y gestión de residuos y reciclaje.

IMPUESTOS E INCENTIVOS

Asimismo, insta a que se compense e incentive en mayor medida los esfuerzos de reducción de emisiones y que se penalice las emisiones de CO2 así como estimular las opciones que frenen el consumo energético, las que no producen emisiones y que son sostenibles. Al mismo tiempo, plantea que se eliminen todas las subvenciones o ayudas perjudiciales para el medio ambiente, así como incentivar la movilización de recursos financieros públicos o privados para la inversión en investigación y formación ecológica.

Por otro lado, propone que se oriente la formación profesional y la universitaria a contar con 'efectivos laborales' que puedan llevar a cabo las actividades relacionadas con mitigación y adaptación. Igualmente propone fomentar la utilización del certificado de huella de carbono, en el etiquetado de cada producto que se comercialice en España.

El último de los puntos se refiere a la colaboración activa para que en el ámbito internacional en políticas de cambio climático figure siempre el concepto de equidad, para que se considere el diferente nivel de responsabilidades de los distintos países.

En declaraciones a Europa Press, el diputado de CiU Carles Campuzano ha adelantado que espera que tanto su propuesta como la del PSOE funcionen como "texto base" y que se van a cotejar ambas, por lo que estima aún "prematuro" pronunciarse al respecto. Sin embargo, ha expresado la "vocación de alcanzar algún acuerdo, lo más claro posible" para poder definir la lucha contra el cambio climático.

Además, ha hecho hincapié en que el "reto" del cambio climático "no va a resolverse en una sola legislatura por que afectará a varios gobiernos".

En el documento, CiU expresa que comparte que el cambio climático es "un desafío global" y que, por este motivo, es necesario alcanzar consensos a todos los niveles para hacerle frente porque el cambio climático existe y resulta una amenaza "para la prosperidad y el bienestar colectivos".

Sin embargo, reconoce que con la aplicación de medidas en esta materia, las administraciones afrontan un riesgo político elevado, pero añade que la crisis económica no debe entenderse en ningún caso como una excusa para la inacción, sino como una magnífica oportunidad para implantar medidas estructurales, e introducir cambios significativos en los modelos de crecimiento que mejoren la sociedad.

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