Domingo 05/04/2020.

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La memoria del CGPJ dice que ha bajado un 3,8% los litigios

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2.566.395 sentencias no se ejecutan, casi el doble que antes de la crisis

  • En lo civil se han duplicado desde 2007. Los jueces lo atribuyen a los casos de insolvencia y a la falta de personal y recursos dedicados a este trámite. 
  • “No hay medios para que se cumplan. A veces, los casos prescriben”, asegura Margarita Robles, magistrada exvocal del CGPJ. Hay 1.179 sentencias de violencia machista en trámite de ejecución. 
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  • El CGPJ impulsará su colaboración en investigaciones sobre corrupción EFE

Un total de 2.566.395 sentencias estaban pendientes de ejecutarse a finales de 2013, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son casi el doble que en 2007, cuando había 1.458.148 ejecutorias, es decir,  el proceso que consiste en materializar lo que ha decidido un juez o tribunal en una resolución. Desde el cobro de una deuda de 2.000 euros, a la vigilancia de un condenado por violencia machista con una orden de alejamiento.

La crisis ha duplicado las sentencias civiles que todavía no se han cumplido. Si en 2007, se superó el millón de ejecutorias, algo “preocupante”, según señaló entonces en su memoria el Poder Judicial, ahora sobrepasan los dos millones (2.031.146). Este repunte tan acusado se explica por las insolvencias y los problemas económicos de los condenados, lo que dilata el procedimiento para que el afectado cobre la deuda. También influye la falta de recursos y personal dedicado a esta función.

"Hay sentencias que prescriben sin que se cumplan"

Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y exvocal del CGPJ asegura que “las ejecutorias son la asignatura pendiente en la justicia española”, un problema grave porque hay sentencias de casos que prescriben sin que lleguen a cumplirse. “Los juzgados ponen el foco en dictar sentencias. Pero luego no hay medios personales. Está pasando en área civil, contencioso y en lo penal. Los jueces están sobrecargados y se prioriza la resolución de los asuntos. Pero al final, si no existen medios ni refuerzos, se dilata mucho el tiempo de ejecución”.

De las 453.594 sentencias penales en trámite de aplicación, 1.779 son de casos de violencia machista. ¿Qué pasa con estos casos? “El verdadero problema no es tanto el número de ejecutorias en estos juzgados de violencia, como saber si hay quienes controlen el seguimiento y la aplicación de las penas y órdenes de alejamiento”,  señala Robles, que insiste en que faltan medios dedicados a esta función.

El cobro de una deuda de 6.000 euros puede demorarse más de dos años con una sentencia firme. Si el condenado no satisface la cuantía, se puede iniciar un proceso de embargo, lo que implica que antes se localicen los bienes y propiedades.

Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza y presidente del Foro Judicial Independiente, considera que se han disparado las ejecutorias en lo civil por la crisis económica. “Aumentan los procedimientos por deudas y quiebras y no se pueden cumplir las sentencias por insolvencia”.

Pero la Justicia vuelve a dar la voz de alarma sobre las ejecutorias. Concretamente en Sevilla, donde en 2008 se destapó este problema judicial por el caso Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por Santiago del Valle, un pederasta condenado con sentencia firme que estaba en la calle. El juez de Sevilla que le condenó por abusos no hizo efectiva la pena de dos años y nueve meses de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice en su última memoria que la situación de las ejecutorias es muy preocupante. En esta comunidad hay 81.1874 asuntos penales que no se aplican.

Un juez de instrucción explica que dentro de las ejecutorias pueden encontrarse casos de un condenado por violencia machista con una orden de alejamiento, pero que se le ha suspendido el ingreso en prisión por no tener antecedentes: “En este caso, el juzgado vigila durante el tiempo acordado que no se acerque a la víctima, que no cometa ningún delito. Mientras se comprueba eso, la sentencia está en fase de ejecución, pero no en el cajón”.

Pero Margarita Robles insiste en que el problema es que faltan los recursos para esta fase. “Lo que pasa con las ejecutorias es comparable a cuando se dan diagnósticos, pero no hay personal para tratar a los enfermos”, apunta Margarita Robles.

También hay casos que se guardan en un cajón por desinterés. “En el Supremo, en lo contencioso, existen asuntos tributarios millonarios que se eternizan. A la administración le puede venir bien que se alargue un proceso de aquí a 12 años", sostiene la magistrada.

Bajan un 3,8% los litigios... por las tasas y las costas

Por otro lado, por segundo año consecutivo se resuelven más casos que los que entran en los juzgados: 8.636.015 asuntos nuevos en 2013 y 8.875.557 resueltos.  Los jueces dictaron 1.571.391 sentencias y quedaron algo más de 2,6 millones de materias en trámite.

Los litigios se redujeron un 3,8%, un descenso que los jueces consultados atribuyen a las tasas judiciales y a los problemas para pagar las costas. La bajada se nota en lo civil y lo contencioso, mientras que en la jurisdicción social se han incrementado los asuntos, alrededor de un 20%, un incremento similar que en lo mercantil. 

Los tiempos de la justicia siguen siendo altos para determinados asuntos, como los litigios con la administración, que se alargan cuatro años (sin contar la fase de la ejecutoria). También tardan los casos de lo social –por despidos por ejemplo- hasta dos años y medio. Lo más rápido es la jurisdicción penal, que dura un año y dos meses.



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