El Mundo: Encuesta Sigma Dos: El 60% de los españoles exige que se impida el referéndum
La semana pasada, los independentistas de Junts pel Sí y la CUP aprobaron en el Parlament la Ley del Referéndum y la Ley de Transición Jurídica, las dos normas que deben servir como carcasa legal al referéndum ilegal que están preparando para el 1 de octubre. El Gobierno, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional se activaron enseguida contra esos textos, aunque la Generalitat ha dicho que no va a hacer caso de prohibiciones.
El País: Los separatistas utilizan la calle para impulsar la consulta ilegal
El independentismo ha acentuado en las últimas horas su consigna para que la marcha de la Diada de hoy sea masiva: hay que llenar las calles de Barcelona para desafiar a la Justicia con el referéndum del 1 de octubre. Este discurso no es monopolio de entidades privadas que convocan la manifestación. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha llamado a “desbordar cívicamente” al Estado y el consejero de Presidencia, Jordi Turull, distinguió ayer entre quienes “ayudan a votar o los que ayudan a impedirlo”.
La Vanguardia: Una Diada a flor de piel
La de este lunes podría denominarse la sexta Diada del proceso soberanista y, si se atiende a lo que proclama el bloque independentista, está llamada a ser la última antes del referéndum del 1-O, cuya celebración está tajantemente prohibida por el Tribunal Constitucional.
Concebida siempre como una jornada reivindicativa pero a la vez festiva y familiar, la masiva manifestación prevista para hoy llega en el contexto de mayor tensión y choque institucional de los últimos años. Está por ver si esta circunstancia puede hacer cambiar el guión pacífico de cada año. De momento, solo el Gobierno central y parte del Madrid mediático se aventuran a hablar de violencia. Y la rumorología ya ha comenzado a crecer.
El Confidencial: Bronca en el Gobierno por los salarios: los ministros económicos discrepan de la subida
El debate sobre la subida de los salarios promete un »otoño caliente» y no solo en las calles, también en el seno del Gobierno. En el mes de julio, justo antes de que la patronal y los sindicatos rompieran la negociación colectiva, diferentes miembros del Gobierno se pronunciaron a favor de una subida de los salarios que permitiese conseguir ganancias de poder adquisitivo. Esto es, un incremento superior a la inflación. Sin embargo, estas declaraciones generaron una importante discusión en el Consejo de Ministros, ya que no todos los »ministros económicos» comparten esta visión.