Domingo 18/02/2018.

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La reforma de las pensiones que entra en vigor en 2019 podría empobrecer un 20% a los pensionistas

  • Los nuevos pensionistas de 2019 percibirán anualmente menos que los jubilados del año anterior. Una tónica que será progresiva
  • Con la nueva reforma, el Gobierno no estará obligado a subir las pensiones con respecto a la posible subida de precios durante los próximos 30 años
  • La nueva propuesta del PP que posibilitaría elegir los años de cotización no paliaría ni los efectos de la crisis económica ni del sistema de pensiones

El régimen de las pensiones públicas es el mayor quebradero de cabeza del Gobierno y del Pacto de Toledo en el Congreso, que ven cómo se avecina sobre ellos la generación del baby-boom (nacidos a finales de los años 50 y la década de los 60), que ya han empezado a jubilarse y que terminarán dándole la vuelta a una pirámide de población: la que la cúspide será considerablemente más ancha que la base. Para los pensionistas contributivos, la amenaza reside en el sistema actual, en el que podrían perder, en 10 años, más de un 15% de su poder adquisitivo; y si se trata de un nuevo pensionista de 2028, más de un 20% con respecto a este año 2018.

Según Borja Suárez, profesor de Derecho al Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de Economistas Frente a la Crisis, los próximos 25 años serán los más complicados para garantizar las pensiones públicas. Décadas en las que se defenderá la supervivencia -o no- del Estado de Bienestar. Nosotros, para poder hacer una verdadera retrospectiva de la situación, partiremos de la reforma del sistema de pensiones de 2013 que realizó el Partido Popular en solitario, y que entrará totalmente en vigor el 1 de enero de 2019.

Reforma de las pensiones

A partir del año que viene se aplicará un nuevo coeficiente al trabajador que decida jubilarse: el Factor de Sostenibilidad. Esto consiste, básicamente, en restar el alargamiento de vida medio de los ciudadanos a la pensión anual que debe percibir el individuo. Por poder comparar, un nuevo jubilado en 2019 podría percibir al año, según los expertos, entre un 0,5% y un 2% menos que alguien que se haya jubilado un año antes, en 2018, y haya elaborado el mismo trabajo durante los mismos años percibiendo el mismo sueldo.

Los defensores de este sistema niegan que esto sea un empobrecimiento de las pensiones, ya que realmente el jubilado no percibe una pensión menor, sino que se distribuye entre más años de vida. Sin embargo, el profesor Borja Suárez opina que es un disparate "con todas las limitaciones que se puedan poner, en términos históricos ha funcionado con gran éxito el sistema de reparto, cuya base es un compromiso entre generaciones. Y las generaciones que ahora se empiezan a jubilar son las principales responsables del extraordinario crecimiento y desarrollo de este país en los últimos 40 años. A ellos les queremos 'racanear' las pensiones porque consideramos que estamos gastando demasiado. Habría que aclarar que ahora no gastamos demasiado, si ahora hay deficiencias es por un problema de falta de ingresos".

Otro cambio que ya está vigente, y que sufrirán las pensiones del futuro, es su cambio de criterio en lo que respecta a su revalorización. Hasta que se aprobara la reforma de 2013, las pensiones estaban ligadas al IPC, por lo que si los precios subían un 3% en su tasa interanual, las pensiones debían revalorizarse también al alza en el mismo porcentaje. De esta manera se quería garantizar que no existiera una pérdida de poder adquisitivo. Ahora, el nuevo sistema lo ha sido sustituido por el llamado Índice de Revalorización.

Este índice, según nos explica el Borja Suárez, se calcula a través de una fórmula matemática para la que se utilizan factores ligados a la situación económica. Estos factores son la variación de ingresos y gastos de la Seguridad Social y del aumento o disminución del número de pensionistas, tomando como muestra 11 años, los cinco de atrás, el presente y la previsión de los cinco posteriores. Por ejemplo, para este 2018 se tomaría como muestra los años entre 2013 y 2023, incluidos. Si la fórmula da un resultado negativo, el Gobierno solo está obligado a subir las pensiones un 0,25% anual. Y si sale 'exageradamente' positiva, el Gobierno solo podrá subir las pensiones, como máximo, el mismo porcentaje que hayan crecido los precios, más un 0,5% más.

Según 'nuestro' profesor la inclusión de este factor conllevaría el empobrecimiento progresivo y legitimado de las pensiones: "es manifiestamente antisocial [...] además cuando entendemos las implicaciones que ella tiene, de congelación de las pensiones, podría tener incluso un difícil encaje constitucional". Suárez defiende inequívocamente que la inclusión del Índice de Revalorización conllevará una pérdida de poder adquisitivo: "el resultado de esta operación, del Índice de Revalorización, va a ser inferior a cero durante muchos años. Un informe de FEDEA estima que esta fórmula llegará a valores positivos a partir de bien entrada la década de 2060(cuando el volumen de pensionistas, copado por la generación del baby-boom, empiece a reducirse)".

Que la fórmula obtenga como resultado valores negativos, implica que el Gobierno solo está obligado a subir las pensiones el mínimo estipulado, un 0,25%, lo que supondría en la práctica, según Suárez, dicho empobrecimiento: "la previsión es que a partir de ahora el IPC recupere los valores 'normales', (al menos un +2% anual), lo que supone que en 10 años un pensionista podría comprobar que su poder adquisitivo se ha reducido en un 17,5%".

"La salud financiera del sistema público de pensiones español" (febrero de 2017), FEDEA

Elige tus mejores años de cotización, la nueva propuesta "improvisada" del Gobierno y el PP

El Partido Popular, a través de la Ministra de Empleo y el grupo parlamentario, han introducido en el Pacto de Toledo una nueva propuesta que ha dado mucho que hablar, más incluso que lo que se conoce de ella. Se trata de lo que ellos han catalogado como medida de urgencia para aquellos trabajadores que, en sus últimos años de vida laboral, se hayan quedado sin empleo durante los peores años de la crisis económica, por lo que su pensión se vería muy afectada ya que, según la ley actual, las últimas décadas de trabajo son las que fijan la base de la pensión. Si se llega a aprobar esta propuesta, el trabajador podrá escoger los 25 años que él prefiera para calcular esta base, lo que a priori puede beneficiarle en gran medida.

Según Borja Suárez, esta propuesta "es algo improvisado, no es seria" y es "producto del nerviosismo del Partido Popular, por la presión social y política que tiene en estos momentos". Según Suárez, "no tiene ninguna esperanza de modificar nada y desde luego no es una medida para poder salvar el sistema de pensiones".

Según lo que hemos podido saber de esta propuesta, para que un trabajador pueda acceder a ella necesita haber cotizado el mínimo legal para percibir el 100% de su pensión, que en 2018 está fijado en 36 años y 6 meses trabajados, y también debe haber cumplido 65 años.

Según estos cálculos, y partiendo de un trabajador que quisiera acogerse este año a esa nueva forma de calcular la jubilación, partiremos de unas consideraciones generalizadas para elaborar dos ejemplos:

  • Dicho trabajador deberá haber cumplido los 65 años. Suponiendo que este trabajador se hubiera quedado sin trabajo durante el año 2012, que es el último de la gran destrucción de trabajo, se habría quedado parado con 59 años, a los que restamos el mínimo de años trabajado para poder percibir la jubilación completa y acogerse a esta reforma, que es de 36 años y 6 meses, por lo que dicho trabajador debería haber estado empleado desde los 22 años y 6 meses de edad, sin poder haber estado parado en ningún momento.

Estos supuestos sacan a la luz que la propuesta del PP deja en la estacada, a priori, a gran parte de los trabajadores afectados por la crisis económica.

*El análisis variaría si se hablara de una mujer, ya que al quedar embarazada tiene derecho a reducir en cinco años ese mínimo necesario para poder percibir el 100% de las pensiones*

Encuesta de población activa segmentada por edades que representa el gran aumento de desempleados en dos franjas de edad, INE

La solución a las pensiones: aumento de la presión fiscal e impuestos adicionales

El profesor Borja Suárez pone negro sobre blanco lo que es una certeza sobre el futuro "si el sistema de pensiones soporta los próximos 25 años, para los que habrá que hacer grandes esfuerzos adicionales, podremos decir que su futuro estará asegurado". Con ello quiere tranquilizar a las generaciones que ahora tienen 20 y 30 años "son los que más tranquilos deben estar siempre que garanticemos el sistema de pensiones. A partir de 2050 la situación demográfica cambiará bruscamente".

Estos 25 años son la clave pues. Como hemos dicho al principio, la pirámide de población dará un vuelco en el que, según la OCDE, en 2050 podría llegar a haber hasta 77 jubilados por cada 100 habitantes que conformen la población activa (entre 20 y 64 años de edad). Una de las claves que señalan PSOE y Podemos para intentar hacer el sistema parcialmente sostenible es necesariamente fijar un impuesto a la banca, algo que Borja Suárez ve con buenos ojos, pero que considera insuficiente: "hay que aumentar los ingresos y probablemente la solución se encuentre a través de impuestos finalistas [...] impuestos que podrían grabarse al capital y al patrimonio, nunca al trabajo". También cree que se debería endurecer la fiscalidad a las rentas más altas: "España está 8 puntos por debajo en presión fiscal que los países de Europa a los que nos queremos parecer".

Una de las premisas más populares sobre el problema de las pensiones es que cada vez vivimos más, sin embargo Suárez rechaza que el problema resida en el aumento de la Esperanza de Vida "la gente también está más sana y trabaja más [...] en 2027 llegaremos a la jubilación a los 67 años, y será el momento de revisar si la seguimos ampliando".

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