Los políticos vuelven a actuar como tales ante el enésimo presunto escándalo de corrupción. Esta vez son los fondos europeos destinados a la formación los señalados. Es decir, de nuevo el núcleo central de los parados. Como con los ERE.
¿Cuál ha sido la reacción del PSOE? Seremos implacables y decir que el PP no le llega a los tobillos a su presidenta. El PP también ha cumplido con su papel atacando a la Junta y pidiendo explicaciones. O lo que es lo mismo: lo que Napoleón decía que era el mejor método para pararlo todo: una comisión. Si el caso hubiera sido al revés, solo habría hecho falta cambiar las declaraciones.
Pero más sorprendente ha sido la reacción del Gobierno andaluz, que ha acusado al Ministerio del Interior de hacer «una causa general contra Andalucía». Lo ha dicho el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Alonso ha pedido al ministro que «dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas» implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que «pida disculpas y retire la acusación».
Alonso ha denunciado que el ministro «ha desaparecido» porque ha intentando contactar con él y «no se pone al teléfono». «No es normal que se haga una filtración de información de este tipo en Semana Santa». Alonso ha arremetido contra el Ministerio del Interior por «poner en duda la legalidad de las cantidades» que se destinan a la formación profesional para el empleo en Andalucía.
«Esta acusación equivaldría a decir que toda la harina que se produce en Andalucía está en mal estado porque una hay una panadería que está siendo investigada», se ha quejado el consejero, quien ha incidido en que el Gobierno de Mariano Rajoy «se alía con el PP andaluz en la causa general».
Por su parte, el PSOE ha pedido que el Ministerio del Interior traslade el caso a la Justicia, ya que ahora lo investiga la Policía y la Fiscalía Anticorrupción.
La secretaria de Salud y Consumo del PSOE-A, Estefanía Martín Palop, ha afirmado que su partido quiere conocer hasta dónde llega este presunto fraude.
«El dinero público es sagrado»
«El dinero público es sagrado y más cuando hablamos de fondos públicos destinados al empleo», ha recalcado Martín, que ha asegurado que desde el PSOE van a ser «implacables».
«Estamos ante una investigación incipiente de la que aún no sabemos más datos y estaremos pendientes de toda la información que vaya arrojando la investigación para tomar las medidas oportunas», explica la nota.
Según la dirigente socialista, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es la responsable política «que más ha luchado contra la corrupción, contra cualquier tipo de fraude y así lo va a seguir haciendo».
El PP no le llega a la presidenta Susana ni a la altura del tobillo, dice el PSOE
«Ni el Partido Popular, ni el señor Moreno, ni otros responsables de ese partido le llegan a nuestra presidenta a la altura del tobillo en su lucha contra la corrupción», ha aseverado Martín Palop, que ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP «aún no ha aclarado la existencia de una caja B en todas las provincias».
El PP pide una comparecencia inmediata de Susana Díaz
El PP-A ha solicitado este miércoles la comparecencia «de manera inmediata» en el Parlamento de la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, para que dé explicaciones sobre el supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta para desempleados y le ha pedido también que inicie una investigación interna.
Así lo ha indicado en rueda de prensa en Málaga el presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha apuntado que si se confirman las informaciones aparecidas, sería «gravísimo» porque «se están robando las oportunidades y los sueños de cientos de miles de andaluces».
Moreno ha reclamado a la jefa del Ejecutivo andaluz que facilite toda la información y colabore «al máximo» con las instituciones que investigan este supuesto fraude, especialmente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), mostrándose «absolutamente convencido» de que comparecerá la próxima semana porque «tiene que estar a la altura de las circunstancias y dar explicaciones y tranquilidad a los andaluces». «No se me pasa por la cabeza que no lo haga», ha apostillado.
«Sería lo que dicta el sentido común, la responsabilidad política y la coherencia y sería lo que yo haría si fuera presidente de la Junta», ha afirmado Moreno, añadiendo que Díaz es «la máxima responsable del Gobierno andaluz y, por tanto, a ella le corresponde serenar a la sociedad y limpiar la imagen de Andalucía».
Según el presidente del PP-A, «Díaz no debe estar ocultándose de esa situación y no debe estar callada e instalada en ese relato de foto institucional y de discurso cómodo y amable», dejando claro que «un líder que se precie tiene que saber que tiene unas enormes obligaciones», entre ellas «dar explicaciones y tranquilidad y tomar decisiones difíciles».
Por ello, el líder de los »populares» andaluces ha rechazado que esas explicaciones no las dé Díaz, porque entonces «quién gobierna Andalucía». «No puede estar inerte ante esta situación», ha indicado, considerando que «esto va a medir su talla, su altura y su liderazgo».
«Tiene una gran oportunidad para tranquilizar a los andaluces y para mostrar si realmente es líder en Andalucía», ha subrayado, advirtiendo de que hasta el momento Díaz, como presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, «no ha tenido ninguna voluntad de cooperar ni facilitar información», pero, ha reiterado, «espero que ahora esté a la altura de las circunstancias y acepte dar explicaciones en sede parlamentaria».
Por ello, ha exigido a Díaz que «saque hasta el último expediente» e inicie una investigación interna dentro de la Consejería de Empleo para que «sepamos exactamente qué está sucediendo con esos fondos, por qué no se fiscalizan y no hay control y por qué de manera reiterada acaban en manos de personas que no deben y no de los desempleados».
De confirmarse estas supuestas irregularidades, sería «gravísimo» y «tristísimo», en opinión de Moreno; «estaríamos ante un grave caso de negligencia y ante un supuesto caso de corrupción y, por tanto, las responsabilidades políticas son importantes y altísimas». En consecuencia, «Díaz debería tomar decisiones políticas de mucho calado».
A preguntas de los periodistas, ha rechazado «criminalizar» a sindicatos y patronal y ha mostrado convencido de que «la mayoría de las prácticas que se ponen en marcha por su parte son sensatas y responden a un canon de transparencia». No obstante, ha insistido en que «es la Junta la que gestiona esos fondos y la que nos tiene que decir el alcance de esta situación».
«No solo hablamos de un supuesto desvío de recursos públicos, de los contribuyentes, que afecta al conjunto de Andalucía, sino que, además, es de fondos para la formación de desempleados, de sus oportunidades y su mejora de calidad de vida», ha alertado, lamentado que «no sea la primera vez» que algo así sucede en la Comunidad.
A juicio de Moreno, «no puede ser que 2.000 millones de euros para los parados andaluces, según apunta la propia UDEF, se hayan evaporado o desviado, alguien tiene que conocer ese procedimiento», ante lo que se ha preguntado «qué mecanismo de control y fiscalización tiene la Junta para que de manera reiterada y permanente sucedan estas cosas».