Forcem, ERE y Edu. Estos son los nombres de los tres casos de corrupción que han salpicado hasta el momento a los sindicatos. Las ayudas a los parados y los cursos de formación, han sido sus dos grandes bazas económicas mediante las cuales se han financiado, según los jueces que los investigan, de manera irregular.
Para hablar del primero de estos casos (Farcem) hay que remontarse al año 2002. En ese momento la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios investigaba un presunto fraude de al menos 100 millones de euros seis años antes, en las subvenciones de los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem). La cuantía total de esos fondos ascendió a 630 millones de euros.
En su momento la policía hizo un muestreo de los alumnos y encontró que 69.000 de los 271.000 alumnos no estaban registrados en los cursos. Además, el Instituto Nacional de Empleo descubrió que 36.000 de las 228.000 empresas que solicitaron subvenciones no existían. En 2012, el Tribunal Supremo condenó a Forcem a devolver al Inem tres millones de euros con los que subvencionaron cursos de una empresa relacionada con el secretario de esa fundación.
Fraude en los cursos de formación on-line
Fraude masivo. Con esta palabra ha calificado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el caso EDU. La Policía ha recabado datos que apuntan a la existencia de una conducta ilícita generalizada que afectaría a muchas otras convocatorias. Según la UDEF, al menos 17 empresas habrían destinado el dinero de las ayudas para la formación de trabajadores a fines distintos los que estipulaba esa convocatoria de la Junta de Andalucía.
Además, estas empresas no cumplieron con la obligación de contratar al 60% de los trabajadores que participaron en las formaciones al concluir el periodo lectivo. Por este motivo, no deberían haber recibido las ayudas.
La trama de los EREs es el segundo caso de corrupción que mas dinero ha desviado
El caso de los ERE se centra en el llamado fondo de reptiles de 721 millones de euros destinado a prejubilaciones y empresas en crisis. La juez Mercedes Alaya cree que pudieron desviarse hasta 136 millones de euros. El reparto se hizo supuestamente así: 50 millones por comisiones; 73,8 millones que se abonaron a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas, y 12,5 millones para 126 “intrusos” que cobraron jubilaciones, aunque no trabajaban en las empresas beneficiadas.
En el caso de los ERE hay 144 imputados de los que 27 son cargos políticos. Destacan la exministra de Fomento Magdalena Álvarez; Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010; Francisco Javier Guerrero, director general de Empleo; el exconsejero y diputado José Antonio Viera; y están señalados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La juez Alaya considera que el desvío de los 136 millones se hizo así: 50 por comisiones; 73,8 millones que se abonaron a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas, y 12,5 millones para 126 «intrusos» que cobraron jubilaciones pese a no constar en las empresas beneficiadas.