Viernes 09/12/2016.

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Cuatro organizaciones jurídicas y sociales exigen ante Industria la paralización de la venta de armas a Marruecos

Denuncian ante el Ministerio que el Gobierno viola la ley española y los tratados internacionales sobre venta de armamento
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Cuatro organizaciones jurídicas y sociales interpusieron este miércoles una denuncia administrativa ante el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio con el objetivo de paralizar y revocar las autorizaciones de transferencia de armamento de España a Marruecos, por considerar que viola la ley española y los tratados internacionales sobre venta de armas.

La denuncia administrativa fue interpuesta por la asociación catalana Justicia y Paz, la asturiana Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Observatorio de Derechos Humanos de Castilla-La Mancha y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara).

"Llevamos años exigiendo que el Gobierno español tenga una política más activa en la búsqueda de la paz", declaró el presidente de CEAS-Sáhara, José Taboada, a la puerta del Ministerio. Con esta denuncia, el objetivo es que "al final de la legislatura por lo menos ya no se vendan a Marruecos armas ni material bélico que se utilizan en Sáhara Occidental", añadió ante los periodistas.

En la denuncia, según las asociaciones, se exige al Gobierno la paralización de la transmisión de armamento (ya sea por venta o cesión) en virtud de la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Ley 53/2007, de 28 de diciembre), que estipula que se denegarán y suspenderán las operaciones de ventas de armas a países en que se violen los Derechos Humanos.

"Tenemos nuevas pruebas de que se han utilizado armas españolas para atacar de forma ilegal e ilegítima a la población saharaui", declaró la presidenta de la AEDIDH, Cristina de la Serna. El Derecho Internacional, advirtió, estipula "que las antiguas potencias coloniales tienen la obligación añadida de proteger a la población de los territorios en tanto que no consigan el autogobierno o ejerzan la autodeterminación".

VÍDEO

Para reforzar sus argumentos, las organizaciones han adjuntado a la denuncia un vídeo grabado después del desmantelamiento del Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik (cerca de El Aaiún), el pasado mes de noviembre, en el que "se distingue con claridad" la presencia de vehículos de alta movilidad tácticos que España vendió a Marruecos entre 2008 y 2009.

"El Gobierno va a tener esas pruebas", explicó a la salida del Ministerio el abogado Javier Ruiz. Aparte, la denuncia adjunta el reciente informe del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en el que "se constatan las vulneraciones de los Derechos Humanos tras el ataque al campamento", añadió Ruiz.

Estas nuevas evidencias, según las organizaciones, son las que les han llevado a plantear esta iniciativa en la que se exige al Gobierno que se investiguen los hechos denunciados y que se aplique la revocación de licencias, tal y como hizo el Gobierno en el caso de Libia.

La presentación de esta denuncia coincide con el día en el que se cumplen seis meses del fallecimiento del joven saharaui Said Dambar, que, según las asociaciones convocantes, falleció el pasado día 22 de diciembre "a manos de la Policía marroquí".

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