Lunes 05/12/2016.

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La masificación de presos en Cataluña obliga a liberar a extranjeros a su país

  • Unos 2.000 internos inmigrantes que no tienen permiso de residencia quedarán libres, si quieren, con la condición de regresar a sus países
  • En el resto de España, la justicia puede expulsar al interno, sin que sea necesario hacerle la consulta.
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  • Cataluña ofrecerá a 2.000 reclusos extranjeros el retorno a su país para quedar libres.

La Generalitat va ofrecer a 2.000 reclusos extranjeros sin permiso de residencia la posibilidad de quedar libres y regresar a sus países, pero con la condición de que no volver a España en un plazo de tres a 10 años. Se trata de una medida que aplicará desde hoy, para intentar solucionar la masificación en las cárceles catalanas.

El artículo 89 del Código Penal incluye este supuesto, es decir, sustituir la pena por la expulsión, pero hasta ahora no se ha puesto en práctica Cataluña. Ahora la administración recurre a esta fórmula para dar salida a internos y aliviar la saturación. “En este momento, existe un importante nivel de ocupación en las cárceles. Si el anterior gobierno optaba por construir centros, nosotros vamos a informar a los presos extranjeros de que pueden conmutar la pena a cambio de su expulsión”, señala la Consejería de Justicia y servicios penitenciarios.

Unos 2.000 internos inmigrantes pueden acogerse a esta iniciativa, según los cálculos del Gobierno catalán. Esta cifra representa en la actualidad el 18% de la población reclusa en Cataluña.

Los requisitos

Se trata de presos que cumplen algunos requisitos, reconocidos en la legislación, como tener una condena inferior a los seis años de cárcel, o haber cumplido el 75% de la pena, con lo que pasaría a tercer grado. También pueden acogerse a la expulsión ciertos reclusos con la mitad de la condena ejecutada, y algunos preventivos, pero en este último caso siempre que un juez lo haya solicitado previamente.  Quedan excluidos los extranjeros condenados por tráfico de personas o que hayan actuado en redes internacionales. En todos los casos, es un juez quien decide si se conmuta la pena por la expulsión.

Desde este jueves, se distribuirá una circular para unificar criterios en las cárceles catalanas. Los funcionarios de prisiones tienen la obligación de informar a los reclusos extranjeros de la posibilidad de retorno. La Generalitat admite que se pretende fomentar la expulsión como política para optimizar los recursos. “No tiene sentido gastar medios en una población reclusa sin arraigo familiar, y que cuando salga va a ser muy complicada su integración social”, subraya el departamento de justicia.

En Cataluña la proporción de presos extranjeros es elevada, del 45,4%, y supera la media en España (33,6) y la de la Unión Europea (22,28). Las cárceles españolas están por delante de Francia, Inglaterra y Alemania en porcentaje de población reclusa inmigrante.

Un centenar de organizaciones sociales que trabajan con reclusos ha aplaudido la medida. Consideran que la reinserción de los presos extranjeros será más fácil en sus países de origen por contar el apoyo familiar. Además, estos colectivos creen que se puede lograr un considerable ahorro del gasto en la administración penitenciaria.

Se aplica en España

La conmutación de parte de la pena por la expulsión ya se aplica en el resto del territorio nacional. Así lo confirman Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que tiene competencia en prisiones en todas las regiones, salvo Cataluña. El retorno ha sido voluntario hasta el pasado mes de diciembre, cuando se aprobó una modificación del Código Penal, para que no fuera necesario hacer la consulta al interno. "Se intenta así simplificar el proceso. Antes había que pedir un informe al Ministerio Fiscal y que el preso se acogiera voluntariamente. Pero ahora, en cuanto sabemos que un extranjero sin permiso de residencia pasa a tercer grado, se ejecuta la medida", afirma un portavoz. Eso sí, antes de hacer efectiva la expulsión, Instituciones Penitenciarias ha revisado el caso y se ha cerciorado de que el interno no cuenta con una red de apoyo en España. El objetivo de esta medida, insisten el personal de prisiones, es favorecer su reinserción social, en este caso en su país de origen, donde sí existe un arraigo familiar.

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