La organización afirma que comparte estas «llamadas de atención» que hace la ONU después de que este jueves se hicieran públicas las observaciones finales del Comité sobre el examen que realizó a España los días 6 y 7 de julio acerca de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello, para aplicar plenamente las recomendaciones del Comité y de otros órganos internacionales, AI pide al Gobierno español que «no se devuelva a ninguna persona a un país en el que corra riesgo real de ser sometida a violaciones de derechos humanos», que «revise la legislación y las prácticas relativas al control de manifestaciones» y que «impulse investigaciones rápidas y eficaces que acaben con la impunidad en casos de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad».
También le sugiere que «suprima el régimen de incomunicación garantizando derecho a asistencia legal y médica de su elección a toda persona detenida», que «garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo» e «intensifique los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres».
Asimismo, pide al Ejecutivo que «garantice a las menores de 16 a 18 años y a mujeres con discapacidad el aborto legal y seguro con independencia del consentimiento parental o de sus representantes legales».