Instrucciones eternas que se enredan en un bucle de sentencias y recursos, casos de gran impacto mediático que terminan en archivo, estafadores públicos que se van “de rositas” y sin devolver el dinero defraudado, comisiones rogatorias sin respuesta, dinero a buen recaudo en paraísos fiscales… Es el desolador panorama de la lucha contra la corrupción en nuestro país, que late convulsionado por los repetidos escándalos. Una radiografía, quizás simplicada, pero que permite a la vez deducir cuáles serían las medidas urgentes para ponerles coto, pese a que las distintas administraciones han demostrado, hasta el momento, una escasa voluntad política para llevarlas a término.
Los expertos consultados por este periódico concretan esas medidas en varias esenciales: mayor dotación presupuestaria de la Justicia, que permitiría agilizar los procedimientos, mayor exigencia de la “ética pública” de nuestros políticos, una modificación amplia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de hace más de 130 años, y más recursos y autonomía para los organismos fiscalizadores.