Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, cobró supuestamente comisiones millonarias por asesorar e intermediar en obras públicas dependientes del Ejecutivo catalán, según un informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Fuentes de la investigación han explicado a Efe que el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) entregado el pasado día 13 de junio al juez Ruz detalla numerosas operaciones de las que sospecha que fueron realmente el cobro de comisiones ilegales, si bien no hace un cálculo del montante recibido por todas las operaciones detectadas.
Uno de los casos que detalla el informe policial son las cantidades recibidas en relación con la reforma de la Gran Vía de Hospitalet de Llobregat, una obra pública de calado licitada por organismos de la administración pública catalana.
En 2002 una UTE (unión temporal de empresas) formada por una gran constructora y el Grupo COPISA, propiedad de Jordi Pujol, consiguió la adjudicación del proyecto, que tuvo un montante inicial aproximado de 90 millones de euros
Estas obras fueron concedidas cuando era conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Felipe Puig Godes, hermano de Jordi Puig, quien participa junto Pujol Ferrusola en variados negocios que «dejaron pingües beneficios a ambos», según las fuentes.
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