La explosión se registró el 17 de octubre de 1987 a las siete y veinte minutos justo cuando María Cruz Yoldi depositaba ejemplares de la prensa del día junto a la entrada de un banco. La bomba desplazó el cuerpo de la víctima a más de doce metros de distancia empotrándolo debajo de un vehículo marca Citroën y provocándole múltiples fracturas en todos los huesos del cráneo, amputación de un brazo y graves heridas en tórax y abdomen que, comodecía el parte médico, resultaban «incompatibles con la vida».
Bautista Barandalla Iriarte fue condenado a penas de prisión que, conforme a la actualización practicada, totalizaron 75 años como autor de delitos de asesinato, tentativa de asesinato, depósito de armas y colaboración con banda armada.
Ingresó en prisión el 21 de septiembre de 1990 y tenía prevista la libertad definitiva el 30 de junio de 2009. La Audiencia Nacional acordó, sin embargo, aplicarle la »doctrina Parot» para la acumulación de penas, por lo que la extinción definitiva de su condena no se alcanzaría hasta septiembre de 2020. Pero el 21 de mayo de 2009, la Junta de Tratamiento de la prisión de Pamplona formuló propuesta para excarcelar al recluso por razón de enfermedad grave, decisión que fue ratificada por la Audiencia Nacional.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Bautista Barandalla Iriarte por el asesinato de María Cruz Yoldi, por un delito de estragos y por pertenencia a banda armada. Durante el juicio Barandalla Iriarte reconoció ser miembro del grupo Amaiur de ETA.
Este grupo Amaiur, autor del asesinato de María Cruz Yoldi, lo completaban Mikel Castillo Furtado, Alberto Ilundáin Iriarte y Juan Carlos Pérez Ojuel, secretario de organización de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona, además de terrorista de la banda ETA, un ejemplo más de la simbiosis entre los asesinos y su brazo político.