La crisis se sigue notando en los juzgados. Los concursos de acreedores de empresas y familias se han incrementado un 11,7% en los tres primeros trimestres de 2011, y también han subido en el mismo periodo los despidos, en este caso, un 2,6%.
Desde 2008 los jueces resuelven un mayor volumen de casos relacionados con la situación económica, y eso se ha ido reflejando en la estadística del poder judicial. El Consejo del Poder Judicial ha constatado una mayor rapidez en la resolución de estos procesos. Pero sigue habiendo atascos, porque la cantidad de asuntos y por la insuficiencia de medios. El año pasado no se creó ni un juzgado, a pesar de que el Poder Judicial pidió 150.
Han subido los procedimiento relacionados con la crisis, salvo las ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 20%.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha presentado datos de la actividad judicial en el Congreso y ha pedido al Gobierno y a las autonomías más esfuerzo económico, para que puedan entrar en funcionamiento más órganos judiciales.
Los últimos datos sobre la actividad judicial, correspondientes a 2010, revelan que cada año llegan a los juzgados más de 9,3 millones de asuntos: «En 2011 no se ha creado ninguna de los 150 juzgados previstos, lo que supone un gran obstáculo en el camino de la reforma de la Justicia y en la adecuación de su estructura y necesidades reales», ha dicho Dívar. Por ello, el presidente del poder judicial ha pedido al Ministerio de Justicia que elabore un plan de creación de juzgados para los próximos tres años.
Dívar ha destacado que la creación de órganos judiciales es «esencial» para avanzar en el ajuste de la ratio de jueces por habitante y acercarse a la media de la Unión Europea donde hay aproximadamente 14 magistrados por 100.000 habitantes, frente a los 10 en España.
Las «descalificaciones interesadas» dañan a la justicia
Carlos Dívar se ha referido indirectamente a la condena a Garzón y a la cascada de críticas que ha desencadenado. El presidente del CGPJ ha advertido de que «las descalificaciones interesadas y constantes» a las resoluciones judiciales merman la credibilidad en el Estado de Derecho y que esta situación «es de difícil y costosa reparación». Al mismo tiempo, ha querido subrayar «la importancia fundamental que el derecho a la información ocupa en las sociedades democráticas».
La Comisión Disciplinaria del CGPJ sancionó a 41 jueces en 2010 por fallos en el trabajo o comportamiento irregular, lo que representa menos del 1 por ciento de los miembros de la carrera judicial.
Por otra parte, el presidente del CGPJ ha solicitado la creación de juzgados especializados para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. «La justicia debe ser igual para todos», ha añadido.
Asimismo, se ha referido a los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y ha emplazado a las mujeres que son «atacadas y maltratadas» a denunciar su caso.
Finalmente, ha aludido a las reformas legislativas que tienen pendientes de aprobar las Cortes Generales, como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Son inaplazables determinadas reformas procesales urgentes de todos los órganos jurisdiccionales que admitan la reducción de la litigiosidad (…) y que permitan suprimir y agilizar trámites innecesarios».