El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado una ambiciosa batería de medidas contra la corrupción que tienen el objetivo de facilitar la regeneración democrática.
El presidente, que compareció en un pleno monográfico en el Congreso sobre corrupción sólo un día después de la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, por, supuestamente, lucrarse a través de la red Gürtel, quiere incidir fundamentalmente en los aspectos que hasta ahora habían servido como coladero para las prácticas corruptas, la mayoría ocultas, y que afectan a prácticamente todos los partidos.
Éstas son algunas de las principales medidas que impulsará el Gobierno popular, las presuntas razones por las que pretende sacarlas adelante y cuáles pueden ser los principales problemas que pueden surgir en el futuro.
La financiación de los partidos. Hasta ahora, los partidos parecían hacer la vista gorda con un práctica habitual en la política española: la financiación irregular o ilegal de las formaciones. Ahora Rajoy quiere considerar como un delito la financiación ilegal de partidos, agravar las penas por ello y aumentar los plazos de prescripción.
Todos los grandes partidos han tenido su caso de financiación ilegal, desde Filesa (PSOE), pasando por el caso Millet (CDC), y llegando a la Gürtel, que se sigue investigando, y de la que presuntamente se beneficiaron dirigentes del partido, pero que también pudo servir para financiar de forma irregular a la formación.
El denominado caso Filesa tuvo como eje una red de empresas –Filesa, Malesa y Time-Export– creada supuestamente para financiar de forma ilegal al PSOE, con el fin de hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989,
El caso Millet, también conocido como caso Palau, tuvo como protagonista a Fèlix Millet, presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, y sus ramificaciones llegaron a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que pudo recibir comisiones de empresas a través del Palau de la Música a cambio de la concesión de obras públicas.
La investigación de la trama Gürtel se inició en noviembre de 2007 y afecta de lleno a dirigentes del Partido Popular. La trama, como otras de este tipo, estaba dirigida por un empresario, en este caso Francisco Correa. A partir de la Gürtel ha surgido una ramificación, el denominado caso Bárcena, en el que se investiga una supuesta contabilidad B del PP.
Se prevé también la reforma de la ley orgánica de financiación de partidos pretende reducir la subvención estatal e incorporar medidas de control. Otra decisión que parece oportuna, pero que se presenta un año antes de un ejercicio -2015- en el que se producirán tres comicios -estatales, autonómicos y municipales-.
Así, los Presupuestos Generales del Estado prevén destinar a los partidos 156,4 millones de euros a los partidos, de los que 101 millones de euros irán a gastos electorales.
En 2014, en los que se han celebrado elecciones europeas, los partidos han recibido 84,7 millones de euros, un 80% de lo que contarán en 2015.
Prohibir las donaciones particulares de más de 50.000 euros. Hasta ahora, el límite era de 100.000 euros. Sin embargo, esta medida quedaría en entredicho sin una absoluta transparencia de las cuentas de los partidos, que se ha evidenciado que no es lo habitual. Todas las donaciones, de más de 25.000 euros, tendrán que ser notificadas al Tribunal de Cuentas, un órgano que podría ser fundamental y ejemplar, sino no hubiese caído en malas prácticas, como es el caso de las colocaciones a dedo y el enchufismo de familiares -algo que resulta habitual en numerosos organismos-.
Lo que no queda claro es por qué el límite de 25.000. ¿Qué pasa con las de menos de esa cantidad? Da la sensación que la transparencia no será absoluta. Ante el incumplimiento de las obligaciones legales, la respuesta puede ser incluso la extinción de los partidos.
Y tampoco la razón por la que no se limitan las aportaciones de las fundaciones a los partidos.
Prohibición de condonar las deudas. No podrán hacer ni forma total ni parcial, ni tampoco pactar condiciones financieras por debajo de las condiciones de mercado. El perdón de deudas y los créditos ventajosos se ha producido o por lo menos el Tribunal de Cuentas apunta que existen claros indicios.
La deuda de los partidos con las entidades financieras ascendía al cierre de 2007 a 227 millones de euros. El PP debía 59,4 millones de euros y el PSOE, casi 60, más otrso 10,4 millones del PSC. Las cifras se recogían en un informe de Tribunal de Cuentas presentado en 2012 -la flscalización de las cuentas puede retrasarse bastante años- y no mostraba, como es habitual, el nombre de las entidades que concedieron créditos a partidos.
El PNV adeudaba más de 17 millones y otros 16, CiU (más otros 12,2 millones de Unió y 2,5 millones de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
El Tribunal de Cuentas destacaba especialmente el caso de Unió, una formación a la que reprochaba la «refinanciación de tres operaciones de crédito formalizadas con dos entidades financieras» por un importe de 2,5 millones de euros de las que «no se ha podido comprobar la existencia o no de condonación de deuda por intereses (…) a pesar de haber sido solicitado».
Entre las medidas sobre la mesa está dar garantías concretas para todos los afiliados y que los militantes participen en la elección de sus órganos de dirección. El incumplimiento supondrá la extinción de la formación. En cualquier caso, no se desprende un esquema común y cómo se ha visto en diversas ocasiones, existen numerosas vías para evitar una participación plena de los militantes de sus órganos de dirección.
Además, los estatutos de los partidos incluirán, necesariamente, un plazo máximo de cuatro años para la renovación de sus órganos de dirección, coincidiendo con el ciclo electoral natural.
Expulsión de los corruptos, ¿por qué no se hace?
En prácticamente todas las formaciones existen dirigentes imputados que se mantienen en sus cargos, pase lo que pase, gracias a que los dirigentes miran a otro lado. Curiosamente, a más corrupto, más popular suele ser el alcalde o el dirigente, lo que implica un buen número de votos garantizados.
Algunos imputados, como es el caso del socialista Casimiro Curbelo y otros dirigentes canarios, incluso aspiran a optar nuevamente a un cargo público en las próximas elecciones municipales e incluso han sido designados para ello.
Ahora se propone que los estatutos de los partidos contemplen un procedimiento de expulsión para aquellos de sus miembros que haya sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso. Sería un excelente ejemplo no esperar a que las medidas no estén en marcha.
También se propone suspender de militancia a los políticos que sean llevados a juicio oral por un juez por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.
Control de altos cargos
Entre las medidas que se plantean, se exigirá que los altos cargos elaboren una declaración responsable en el momento en que sea nombrado, así como la ausencia de antecedentes penales por ciertos delitos. En la práctica, los parlamentarios presentan declaración de sus bienes y patrimonio, pero no son demasiado concretas y detalladas, un aspecto en el que se incidirá en la nueva batería de medidas.
En cuanto a las retribuciones, deberán ser totalmente públicas cuando entre vigor la Ley de Transparencia. No cabe duda que la medida resulta interesante, pero el problema no es los que se cobra en A y de forma oficial (no es complicado averiguarlo), el auténtico problema es lo que se cobra en B, a través de sobresueldos, complementos ocultos, dietas que no lo son -tarjetas B de Caja Madrid- o viajes de parlamentarios pagados con dinero público con fines personales.
Además, las medidas apuntan que los gastos de representación estarán mejor regulados en la ley y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito para abonarlos. Desde luego otra medida interesante, pero que llega tarde, después del caso de las tarjetas opacas en Caja Madrid, que se han cobrado cabezas en los principales partidos, sindicatos y patronales.
También se reforzará el control de las incompatibilidades por medios de la oficina de conflicto de intereses y habrá un incremento del control frente a la corrupción en el marco de la reforma de las administraciones públicas y la legislación de contratos, ampliando las prohibiciones de contratar con la administración y limitación del uso de los procedimientos negociados. Resulta casi excepcional un alcalde que no abuse del procedimiento negociado con publicidad, una opción que debería ser excepcional y que limita las ofertas.
Justicia y legislación
Creación de nuevas plazas de jueces y fiscales y la dotación de nuevos medios tecnológicos para mejorar la Justicia. Desde luego la Justicia es lenta y siempre tiene un beneficiado, el infractor de la ley. Los delitos prescriben y en muchas ocasiones esa lentitud hace posible anticiparse a las medidas policiales y judiciales.
Cada seis meses, el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados un informe detallado sobre los indultos concedidos y rechazados y el ministro de Justicia tendrá que comparecer ante el Parlamento para dar explicaciones de ellos. Hasta ahora, un porcentaje significado de indultos ha sido cuestionado, entre otras casos por partidarios e injustifiados.
Por último, se agilizarán los macroprocesos, de manera que la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas. Se fijará un plazo máximo para la instrucción, para evitar que casos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años. Desde luego, la iniciativa es necesaria.
Solo con echar un vistazo a la causa de los ERE, con más de cien imputados; o los cursos de formación, con millones defraudados; o la Gürtel se evidencia la importancia de esta medida. La juez Mercedes Alaya, responsable de algunos de los casos de corrupción política más importantes de Andalucía, no tiene dispone de los funcionarios necesarios, ni siquiera para hacer fotocopias de los miles de folios de unos casos tan complejos.