Sábado 08/08/2020.

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El Supremo ‘tumba’ el examen de catalán como requisito para ser funcionario estatal en Cataluña

  • El tribunal revoca una sentencia que avaló que en un proceso selectivo se superara una prueba de conocimiento de la lengua catalana. Anulas unas oposiciones de 2009.
  • El Supremo sostiene que exigir el catalán para un puesto de funcionario estatal "carece de justificación razonable" y crea una situación "de injustificada desigualdad" con respecto a los que concurran en otras regiones. 
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  • Fachada del Supremo EFE

Varapalo judicial a la Generalitat en plena tormenta política por el adelanto electoral, el proyecto de referéndum de independencia y las palabras del ministro Wert de "españolizar a los alumnos catalanes". El Tribunal Supremo ha anulado la obligación de someterse a una prueba de catalán en el proceso selectivo para ser funcionario estatal, con posibilidad de ocupar un puesto en la administración local. Lo ha establecido así en una resolución que declara nulas unas oposiciones de 2009. 

Según la sentencia, exigir una prueba de conocimiento de la lengua catalana "carece de justificación razonable" y además crea una situación "de injustificada desigualdad" con respecto a las personas que concurren en otras regiones. 

El Supremo da la razón al Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, que presentó un recurso contra la resolución dictada por la justicia catalana, que avaló que se fijara un examen de catalán para los ciudadanos que se presentan a un puesto de funcionario estatal, para desempeñar el trabajo en la administración local de Cataluña.

El alto tribunal considera injustificado este requisito. Argumenta que al tratarse de un proceso selectivo dirigido a obtener la condición de funcionario estatal, no tiene sentido convocar una prueba de catalán que puede eliminar al aspirante en las oposiciones. Añade que en el caso de que el empleado público precise del conocimiento de la lengua catalana, la Generalitat puede establecer pruebas en los concursos ordinarios anuales de provisión de puestos de las corporaciones locales, ajustándose a la legislación autonómica. 

El Supremo anula el proceso selectivo que se convocó en el año 2009, y que dio origen al recurso presentado por el colectivo de interventores y tesoreros. 

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