El PSOE-PSIB y Més, de ámbito balear, han llegado a un acuerdo sobre el decreto de aplicación del catalán en la sanidad pública. El catalán continuará siendo un requisito para la sanidad balear pero el nivel exigido se reducirá al B1 para médicos y enfermeros y A2 para el resto de profesionales sanitarios.
Pese a que los ecosoberanistas querían mantener el B2 para médicos y enfermeros y el B1 para el resto de profesionales han aceptado la reducción propuesta por los socialistas. El acuerdo establece un plazo de dos años para que los profesionales acrediten el conocimiento del catalán requerido una vez se aprueben las oposiciones.
En caso de no conseguirlo, verán afectada su puntuación en los procesos de movilidad y no tendrán acceso al complemento de la carrera profesional. Esta penalización no afectará al personal eventual ni tampoco al que hubiera conseguido una plaza en oposiciones anteriores. El Govern, por su parte, ha insistido en que ninguna plaza quedará sin cubrir.
La novedad respecto al borrador anterior también radica en que se convocarán las oposiciones sin que los profesionales tengan que acreditar el nivel requerido en ningún momento. El nivel exigido será necesario, eso sí, para obtener la plaza de forma definitiva.
PP y Ciudadanos hablan de imposición lingüística y consideran que el catalán debe ser un mérito pero nunca un requisito, mientras que Més ha aplaudido la medida como «el inicio de la normalización lingüística en la sanidad». Podem-Podemos ha apoyado el acuerdo alcanzado por el Govern.
También se establece un plazo de tres a cinco años por el cual «se evaluará si la normalización lingüística avanza en la sanidad tal y como establece la Ley de función pública».
La ley todavía no ha pasado el trámite parlamentario, aunque se espera que lo haga con los votos del PSOE-PSIB, Més y Podem-Podemos.
Argumentos a favor
- El catalán es, igual que el castellano, lengua oficial en las Islas Baleares. Su promoción desde las instituciones públicas se entiende como una forma de defender la lengua propia.
- Garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, así como su derecho a ser atendidos en catalán.
- El nivel exigido se ha reducido. El A2 representa un nivel muy básico. El B1 representa un nivel algo más alto, pero menor que el nivel que se proponía en un principio (B2).
- El catalán no es una exigencia para opositar a una plaza. Los profesionales que no lo consigan en dos años verán afectada su movilidad y su sueldo.
- No es un caso único en España. En el País Vasco, el conocimiento del euskera es imprescindible para acceder a determinadas vacantes y puntúa en el resto. Superada la fase de la oposición, el grado de conocimiento (perfil lingüístico) obtiene en el concurso de méritos posterior un baremo superior al alcanzado por la formación, la especialización o las actividades científicas y docentes.
- Cuenta con mayor consenso. Sindicatos que antes se opusieron al decreto, como el Satse (sindicato de enfermería), ahora se ha mostrado satisfecho.
Argumentos en contra
- Baleares es una comunidad muy necesitada de personal sanitario. El mayor inconveniente para los profesionales que vienen del resto de España es encontrar una vivienda accesible. El requisito del catalán puede ser un argumento más para rechazar Baleares como posible destino.
- La medida genera controversia porque entiende que puede generar discriminación e ir en contra de la igualdad de oportunidades para los trabajadores sanitarios que no entienden o hablan el catalán.
- Debido a los dos puntos anteriores, se entiende que podría impedir el acceso a la sanidad de los mejores trabajadores. Se podría dar la circunstancia de que trabajadores con mejor currículum no obtengan plaza en detrimento de otros con peor trayectoria pero con la acreditación del catalán.
- El decreto inicial provocó una fuerte oposición en algunos sectores de la sociedad. Simebal, el sindicato de médicos de Baleares, se opone tanto al anterior decreto como al nuevo borrador.