Lunes 21/05/2018.

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el juez, demoledor con el duque de palma

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El juez Castro afirma en su auto que a Urdangarin le daban todo lo que pedía sólo por pertenecer a la Casa Real

  • El juez asegura que Diego Torres e Iñaki Urdangarin trataron de "rentabilizar hasta donde fuera posible el área de influencia que se derivaba del parentesco" de Urdangarin con la Casa Real.
  • El juez asegura que los encargos que se contrataron a Urdangarin no eran una necesidad real de éste, sino algo que se fabricó para que se ajustara a su ofrecimiento.
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  • Iñaki Urdangarin EFE

El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, acusa al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de utilizar su matrimonio con la infanta Cristina como ‘gancho’ para sus negocios con el Instituto Nóos y de tratar de “rentabilizar hasta donde le fuera posible” su parentesco con la Casa Real y atribuye al instituto "una actividad delictiva premeditada".

Así se recoge hoy en el auto dictado hoy por Castro, al que ha tenido acceso Servimedia, y con el que el magistrado ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 8.189.448 euros para Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres. Los imputados deberán abonar solidariamente esta cuantía en un plazo de cinco días hábiles, ya que, de lo contrario de “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca asegura que Torres y Urdangarin se unieron con el objetivo de “rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones pública el área de influencia que, real o de obligada imaginación, se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real, nacido de su matrimonio con la Infanta doña Cristina y a don Carlos García Revenga”.

El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, acusa en un auto dictado hoy al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de utilizar su matrimonio con la infanta Cristina como ‘gancho’ para sus negocios con el Instituto Nóos y de tratar de “rentabilizar hasta donde le fuera posible” su parentesco con la Casa Real.

Asimismo, acusa a Torres y Urdangarin de "rodearse de esa aureola de falta de ánimo de lucro" para que "no sólo nadie sospechara, sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y de ayuda al prójimo".

Los convenios de colaboración suscritos por Urdangarin y Torres "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".

En la resolución, de un total de 542 páginas, el magistrado considera "claro y evidente" que los contratos rubricados entre Nóos y las Comunidades balear y valenciana "son nulos de pleno derecho", todo ello mediante convenios que daban forma jurídica a las decisiones que anteriormente habían sido adoptadas de forma "total y absolutamente injusta, al margen de cualquier expediente administrativo" que, a juicio del instructor, "hubiera perjudicado la idea inicial de beneficiar a unas personas concretas".

"Mediante la vestimenta del convenio de colaboración, las Administraciones permitían asegurar la concesión al señor Urdangarin de todo lo que éste pedía... prescindiendo de los criterios requeridos por la Ley, como son los de objetividad, legalidad y servicio a los intereses generales exigibles en la actuación administrativa", añade Castro.

A juicio del juez, las contrataciones obedecían "al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real". De este modo, añade, se decidía "personalmente" el conceder "el beneplácito" a las peticiones que el señor Urdangarin, por ser quien es, proponía a las diferentes Administraciones, convirtiéndose así en una mera cobertura de una decisión ya adoptada de antemano por los responsables políticos".

Actuaciones dirigidas a "cumplir el deseo" del Duque de Palma

Es por ello que, insiste, las instituciones públicas "convirtieron, para poder cumplir los deseos" del Duque de Palma, "en una mera cobertura una decisión ya tomada de antemano, de forma puramente arbitraria". Con todo, el magistrado apunta que a lo largo de la instrucción de la causa han aparecido "más que suficientes pruebas" de que tanto Urdangarin como Torres pudieron incurrir en varios delitos de malversación, prevaricación, falsedad, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros.

"Todo es una auténtica trama urdida por los imputados para desviar fondos públicos en su beneficio, prevaliéndose de su condición de superioridad para, con ánimo de lucro, hacer que la Administración pública contratara con ellos de una forma total y absolutamente arbitraria", incide el instructor, quien recalca que para ello se saltaron "todas y cada una de las reglas que rigen la contratación pública y administrativa".

El Rey trató de que Urdangarin cesase en sus actividades

El juez José Castro da por constatado, por su parte, que el Rey intentó poner fin a los negocios del duque de Palma desde el Instituto Nóos. En la página 439 del auto se habla de un documento de 2006 en el que se aseguraba que Urdangarin se había apartado de la gestión del Instituto Nóos. El juez considera que este escrito se confeccionó “para satisfacer el deseo, consejo o insinuación” del Rey de dejase estos negocios.

Sin embargo, Castro sostiene que este “apartamiento” del duque de Palma de estas actividades “fue sólo una apariencia” para tratar de hacer lo que le pedía el monarca. El auto sostiene que “nada más lejos de la realidad” aceptar que Urdangarin hizo caso al Rey, algo que, según el instructor, se ve en el sumario “hasta la saciedad”.

En esta línea, en la página 295 del auto se explica que el asesor de la Casa Real Manuel Romero Moreno fue “encomendado” para “recomendar” al marido de la infanta Cristina “que pusiera fin a su vinculación con la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada y a las actividades en que aquélla estaba comprometida”.

Además, en la página 357 del auto, se afirma, al hilo de un convenio con la Generalitat valenciana, que “el Rey quien ya había mostrado su rechazo a las actividades lucrativas de su yerno”, aunque su yerno no las estaba abandonando.

Funcionamiento de la trama

El juez Castro detalla en su resolución el mecanismo presuntamente utilizado por el yerno del Rey y su antiguo profesor en la trama. Señala en este sentido que Urdangarin y Torres, en sus esfuerzos por captar fondos de “entidades privadas e instituciones públicas”, no dudaban en subrayar ante los potenciales clientes “la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de Urdangarin y del propio Secretario de la Institución”.

Los imputados utilizaban estos vínculos reales para inducir a los responsables públicos a saltarse los trámites legales en la adjudicación de contratos. “La directa intervención en persona de Iñaki Urdangarin y el anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas con la Casa del Rey determinaba a sus interlocutores, detentadores de relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contratación pública, a prescindir de los obligados trámites”, asegura la resolución.

Una vez obtenían los contratos, Urdangarin y Torres se desvinculaban “de su exacto cumplimiento y justificación del coste”, ya que generalmente no se les exigía una rendición de cuentas. “Una vez captado el cliente y conscientes de que ningún control se ejercería sobre el cumplimiento del encargo, se despachaba éste de cualquier manera”, indica el juez Castro.

El dinero que obtenían “se derivaba hacia algunas de las restantes entidades que integran el entramado societario por el procedimiento de que éstas emitieran facturas que, o no venían respaldadas por contenidos reales o éstos se sobredimensionaban escandalosamente” y “luego se cruzaban facturas entre sí”.

“Incluso se procede a la derivación del beneficio obtenido al paraíso fiscal de Belice a través de la sociedad De Goes Center For Stakeholder Management”, afirma el juez.

La asistenta cobraría en negro

El auto recoge la transcripción de la declaración que la empleada del hogar prestó ante la Policía, y que posteriormente ratificó ante el magistrado.
La asistenta, una ciudadana rumana, reconoció que, pese a encontrarse dada de alta en la Seguridad como empleada de Aizoon, la sociedad que comparten Urdangarin y la infanta Cristina, nunca trabajó para esa empresa.

De hecho señaló que ni siquiera sabe donde se encuentran sus oficinas. Urdangarin, en su declaración como imputado el 25 de febrero de 2012, aseguró ante el juez Castro que la empleada realizaba labores administrativas en Aizoon.

En realidad su labor, según dijo ante la policía, era “el de la limpieza en un domicilio particular situado en la calle Pedralbes”, donde estuvo trabajando junto a su marido entre mayo de 2004 y abril de 2007.

La empleada explicó que la entrevista de trabajo le fue realizada por la pareja y subrayó que en la reunión Urdangarin, en presencia de su esposa, le dijo “que si finalmente la contrataban no le harían contrato de trabajo sino que cobraría en negro”.

La asistenta aseguró ante la Policía que inicialmente no se dio cuenta de que el contrato que le entregó Urdangarin señalaba que trabajaba para Aizoon. Cuando por fin se percató, “no protestó porque a ella le interesaba más un contrato como empleada de una empresa que no como empleada doméstica”.

Matrimonio multifunción

En su primera declaración ante el juez, que tuvo lugar el 25 y 26 de febrero de 2012, Urdangarin explicó que él y su mujer contrataron a un “matrimonio multifunción” de ciudadanos rumanos que realizaban trabajos del hogar y de jardinería en el chalé de Pedralbes.

El imputado aseguró que estaban dados de alta como trabajadores de Aizoon porque, además de las tareas del hogar, realizaban labores para la empresa. Dijo en concreto que el hombre trabajaba como chofer del duque en la empresa y que la mujer hacia labores administrativas.

El yerno del Rey añadió que por las labores del hogar se les pagaba con “la cesión gratuita de una vivienda” dentro del chalé de Pedralbes. El juez Castro le preguntó cuánto tiempo tardó “en un encontrar un matrimonio tan polifacético”. Urdangarin dijo que fue “rápido”.

No son los únicos responsables

El juez José Castro ha aseverado en su auto que Diego Torres e Iñaki Urdangarin no son "los únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

En la resolución, de 542 páginas, el magistrado llega a afirmar que se limita a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma asevera que los responsables de las Administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".

En cualquier caso, añade que "se habrá de silenciar en este momento cualquier pronunciamiento sobre las restantes personas, a reserva de lo que el futuro procesal de esta causa pueda depararles", centrando así sus consideraciones en la "esfera privada", en la que "existen suficientes indicios de que su protagonismo recae, de una parte, sobre don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres y, de otra, sobre una serie de personas, unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán" por haber "colaborado de manera diversa en la actividad delictiva".

Al hilo de lo anterior, Castro asevera que son "muy intensos y variados" los indicios de que fueron ambos quienes "impusieron la redacción de los distintos convenios" rubricados con las Administraciones, "calcados en gran parte los de una Comunidad a los de la otra y fijaron unilateralmente el precio que en todos los casos fue asumido sin discusión ni contraste por los responsables de las distintas Administraciones públicas".

Asimismo, respecto al hecho de que los servicios contratados por Baleares y la Comunidad Valenciana con Nóos se amparasen en la fórmula del convenio de colaboración, el juez apunta que para saber si se trata de un "auténtico convenio de colaboración no radica en que a sus intervinientes se les haya ocurrido la feliz idea de llamarlo como tal para liberarse de la esclavitud de los rigores contractuales administrativos, sino su naturaleza intrínseca".

Convenios sujetos a la contratación pública

Con ello el magistrado se aviene a recalcar que, "le llamen como le llamen", quedará sujeto a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en contra de un extenso dictamen jurídico aportado recientemente por el Duque que avalaba que los convenios no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que, a juicio del autor del informe, no cabía supervisar o auditar el precio abonado por los Ejecutivos autonómicos como contraprestación.

En lo que a las mercantiles del entramado urdido por los dos exsocios se refiere, que facturaron al Instituto Nóos después de que éste cobrase de las Administraciones, Castro precisa que "por supuesto nada impide a sociedades mercantiles facturar a una asociación sin ánimo de lucro", sino que "la sospecha surge cuando quienes supuestamente libran las facturas y quienes, también supuestamente, tienen que abonarlas vienen a ser los mismos y cuando además asaltan más que serias dudas sobre la realidad de los servicios que se dicen facturados".

El juez recalca asimismo cómo los encargos contratados por las Administraciones con Urdangarin y Torres, a través de sus sociedades, "no respondían a necesidades sentidas por aquéllas y que estuvieran llamadas a satisfacer a través de aquéllos como de cualquier otro proveedor".

"La necesidad no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento que le hacían don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres", apostilla el instructor de la causa, "de tal manera que si la oferta no se hubiera producido la necesidad no hubiera nacido". Es más, afirma que al tratarse de acuerdos puramente verbales, "más grave aún en atención a su elevado importe, quedaban extramuros de cualquier normativa que, en otro caso, pudiera regularlos".

Delitos que suman 20 años de prisión

En el auto dictado hoy, el juez también detalla los delitos que habrían cometido Urdangarin y su antiguo socio, Diego Torres, con la trama de captación y desvío de fondos públicos.

El juez, en concreto, les atribuye de forma indiciaria la comisión de delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración y prevaricación.

El Código Penal prevé para la suma de todos estos delitos una pena de hasta 20 años de cárcel, además de multas e inhabilitaciones.  El magistrado señala en su auto que los hechos que se atribuyen al marido de la infanta Cristina y a su antiguo profesor “vienen avalados por más que suficientes indicios de criminalidad”.

Intentaron captar dinero del gobierno mexicano

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres, intentaron exportar al continente americano la trama de captación y desvío de fondos públicos con la que operaban en España y llegaron a proponer en al Gobierno de México la organización de un foro.

El yerno del Rey y su antiguo profesor intentaron en concreto vender en el año 2006 a las autoridades mexicanas un evento como el Forum Illes Balears, con el que obtuvieron del Gobierno de Jaume Matas un total de 2.285.000 euros.

Ángel Cecilio Díaz González, uno de los trabajadores del entramado levantado por Urdangarin y Torres, relató ante Castro que en el año 2006 viajó al país norteamericano porque el yerno del Rey y su socio querían “hacer una réplica de la misma cumbre de Baleares en México”.

El trabajador reveló que en la primavera de 2006 llegaron a mantenerse conversaciones “con la autoridad de Turismo de México”, que desembocaron en la redacción de un borrador de convenio. El testigo entregó al magistrado una copia de este borrador.

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