Begoña tenía 22 meses. Murió abrasada en 1960 por una bomba en la estación de ferrocarril de Amara. Fue la primera víctima de ETA. Llegarían después casi 900 más. Vidas rotas a las que durante años despedimos en funerales clandestinos despachados por la puerta de atrás. Tardamos en descubrir que en realidad eran héroes de nuestra libertad, merecedores de memoria, dignidad y justicia.
ETA mató a 858 personas en 51 años, una historia sangrienta en la que las familias de 297 víctimas siguen sin conocer quiénes fueron sus asesinos. La Audiencia Nacional cifra en 224 los atentados sin resolver.
En su último informe actualizado, con fecha de 16 de enero, la fiscalía de la Audiencia detalla que en 224 atentados -más de la mitad, 128, perpetrados entre 1978 y 1982- la justicia «no ha podido exigir» responsabilidades a los autores y/o cómplices.
Un crimen de terrorismo prescribe a los 20 años. Pero meses atrás el fiscal Pedro Rubira abrió una vía que ha devuelto la esperanza para la reparación moral de las familias de las víctimas: si bien el atentado sí pueda estar prescrito, el delito de integración en banda armada no lo está en tanto que esa organización terrorista no desaparezca o sus miembros no la abandonen.
Este viernes ETA ha anunciado de nuevo su desarme unilateral e incondicional para el próximo 8 de abril. No ha avanzado su disolución como banda armada, lo que mantendría con vida la línea del fiscal Rubira.
Sin embargo, los investigadores de las fuerzas de seguridad son escépticos ante la posibilidad de que la revisión de causas obtenga resultados, sobre todo en los atentados más antiguos, perpetrados en los años 80. «Hubo una avalancha tal de crímenes durante unos años que no se daba abasto», reconocen fuentes de la lucha antiterrorista.
Eran años donde ETA llegaba a matar a 90 personas al año, se investigaba poco y eso hace ahora «imposible» reabrir muchos casos porque apenas contienen nuevas pruebas.
¿Cómo atajar entonces la consagración de que el final de ETA no conlleve la impunidad de sus crímenes? Sin pruebas, solo la colaboración con la Justicia de los propios etarras como condición para cualquier mejora en su situación penal o carcelaria abre nuevos caminos.
En una decisión sin precedentes, los presos de ETA cambiaron de estrategia hace unos meses y comenzaron a aceptar los beneficios individuales para salir de la cárcel. Nunca habían consentido esta posibilidad, pero el colectivo que los dirige bajo las siglas EPPK entendía que era la única vía para lograr el acercamiento al País Vasco y rebajar las condenas. Los etarras dejarían de comportarse como una sola persona y comenzarían a buscar los resquicios jurídicos favorables en cada uno de los casos. Con unos límites infranqueables: el arrepentimiento y la delación. Es decir, sin pedir perdón por sus crímenes ni colaborar con la Justicia para su esclarecimiento.
Según los datos publicados en enero por el EPPK, el colectivo que aglutina a los reclusos de la banda terrorista, 396 presos se encuentran «dispersados» por 74 cárceles: 309 en España, 86 en Francia y 1 en Portugal.
El nuevo anuncio de desarme de ETA tiene como principal motivo intentar avanzar hacia la excarcelación definitiva de sus presos, cada vez más desmoralizados por la firmeza de España y Francia en la política de dispersión y alejamiento.
El Gobierno de Rajoy siempre ha reiterado su negativa a apoyar lo que el mundo abertzale denomina como un «proceso ordenado» para el fin de ETA, que no es otra cosa que una solución global y completa para los presos de la banda terrorista que acabe con todos fuera de la cárcel. El Ejecutivo mantiene que, antes de reconsiderar la política penitenciaria de dispersión, la banda no solo tiene que entregar las armas, sino además disolverse y que los condenados por terrorismo cumplan dos condiciones: pedir perdón y colaborar con la justicia.
Que colaboren con la justicia es la única esperanza que les queda a los familiares de los 224 atentados aún sin resolver.