Lunes 26/06/2017.

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¿Deben los profesores universitarios dejar de ser funcionarios?

El cambio de personal funcionario a contratados laborales en las universidades mejoraría el sistema universitario. Esta es una de las conclusiones que se extrae de un informe presentado este lunes por La Cámara de Comercio, la Fundación CYD y la Conferencia de Consejos Sociales.

El documento analiza la situación universitaria en seis países: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal. Seis estados de los que insiste en que tras las reformas emprendidas allí, se pueden extraer enseñanzas que aplicar en España.

Estas universidades tienen libertad para la “elección de las personas para los altos puestos ejecutivos", así como para introducir "miembros externos a la universidad”. De ahí que uno de los principales titulares que deja la propuesta es que el personal deje de ser funcionario público para pasar a ser personal contratado laboral. A pesar de que insisten en que ambas opciones coexisten en la mayoría de los países analizados.

Otras de las propuestas que deja el informe es que estos países se han dirigido a modelos más “gerenciales”, dejando a los órganos colectivos las competencias más académicas y no de gestión. En cuanto a la financiación, desde la Cámara de Comercio y las organizaciones firmantes insisten en que debe ser “equitativa”, pero hay que habría que premiar según “los indicadores de rendimiento”.

Pero, ¿qué ventajas e inconvenientes puede haber si el estatus de los trabajadores universitarios cambia y dejan de ser funcionarios? 


EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS:

  • Flexibilidad en la contratación: Si el personal deja de ser funcionario para ser personal laboral permitiría mayor flexibilidad a las universidades. Esto implicaría que cuando las necesidades aumentaran la dirección universitaria podría contratar a más gente de una forma más ágil, sin necesidad de dirigirse a un proceso más lento y rígido como la contratación pública. A preguntas de teinteresa.es explican desde la Cámara de Comercio que “un 25% del personal universitario se jubilará en menos de cuatro años”. Entienden que para “agilizar el reemplazo” es importante esta flexibilización
  • Mayor poder en la gestión diaria: Contratar de forma más flexible e independiente implicaría que la universidad podría gestionar de forma más autónoma el trabajo diario de sus contratados. Uno de los puntos en los que incide el informe es que el objetivo tiene que ser “atraer talento”, elemento clave para dar libertad a la institución.
  • Mayor independencia del poder político: Si la reforma consigue virar hacia un “modelo más empresarial”, la independencia del poder político por parte del personal aumentaría. De ahí que un pacto de estado universitario fuese imprescindible. “Cuanto más consenso, más eficiencia” dicen desde la Cámara de Comercio, según las conclusiones extraídas tras el análisis de otros países europeos.
  • Eficiencia y productividad del trabajador: En la misma línea de atrapar el talento, la flexibilidad en la contratación implicaría mayor posibilidad para elegir a los mejores y poder despedir a aquellos que no cumplan con las mínimas condiciones o niveles de rendimiento que se exijan.


A FAVOR DE LOS 'PROFES' FUNCIONARIOS:

  • Flexibilidad y mejores condiciones laborales: Esta mayor flexibilidad podría implicar que las condiciones laborales de los trabajadores cayesen en picado. La facilidad del despido aumentaría y las condiciones en cuanto a los salarios no se garantizarían iguales a las planteadas bajo el régimen del funcionariado.
  • Dar seguridad e impulsar la investigación: Un profesor funcionario, que ha ganado su plaza por concurso, puede estar seguro de que mantendrá su puesto. Esta seguridad aporta tranquilidad para dedicar tiempo a actividades como la investigación, que es menos productiva, pero uno de los pilares básicos de la universidad pública. 
  • Mercantilización de la universidad pública: una universidad es pública y la base debe ser que no exista una rentabilidad. Además, la idea de la protección laboral de los funcionarios implica una defensa del sistema público y con ello protección de las condiciones laborales de los trabajadores.

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