La Vía Nanclares fue el programa de reinserción de presos de ETA aprobado en 2009 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, dirigida a reclusos que hubiesen manifestado una voluntad absoluta de su compromiso con el final de la violencia, que rompiesen con la banda, hiciesen autocrítica y pidiesen perdón a las víctimas. Además, para la obtención de la libertad condicional, se exigiría también la activa colaboración en el esclarecimiento de los crímenes de la banda.
Su objetivo era atacar a la organización terrorista en su eslabón más sensible, sus presos, y romper la férrea disciplina ejercida sobre los reclusos, a los que se otorgaba una posibilidad de reinserción sujeta siempre a condiciones. La primera, dejar constancia por escrito de su renuncia al terrorismo y a la banda criminal, lo que provocó su expulsión inmediata de ETA y su colectivo de presos.
Los requisitos que se les exigían para acceder a permisos implicaban la aceptación de la política penitenciaria, el alejamiento del entorno etarra, su salida del colectivo de presos, la renuncia a la banda y la violencia, el perdón a las víctimas y la reparación en concepto de responsabilidad civil. Para obtener a la libertad condicional deberían mostrar además una activa colaboración con la Justicia en la lucha antiterrorista.
Los presos que aceptaban acogerse a esta vía eran trasladados a las cárceles de Villabona (Asturias), Burgos o Zuera (Zaragoza), donde debían participar en distintos talleres de reinserción antes de su paso definitivo a la prisión de Nanclares de Oca (Álava).
Los reclusos de ETA son objeto de un exhaustivo seguimiento en prisión para notificar que el compromiso de los etarras es real. Si los informes de los funcionarios de prisiones y los responsables judiciales determinan que éste existe, se inician los trámites para su reinserción, a través de la aplicación del artículo 100.2 del Código Penal que contempla la posibilidad de otorgar beneficios propios del tercer grado, que podrán ser en cualquier caso suspendidos por el juez. Con su concesión, los etarras pueden acceder a permisos que impliquen, por ejemplo, la salida de la cárcel para trabajar, acudir a prisión únicamente para dormir varios días o sólo los fines de semana.
Este programa quedó aparcado en 2011, tras la llegada al poder del PP. Pese a que en los primeros meses de mandato sí se concedieron tres terceros grados y algunos acercamientos, el Gobierno decidió cerrarla definitivamente tras la polémica excarcelación del etarra Bolinaga y las críticas de los colectivos de víctimas.
En su sustitución, el Ejecutivo diseñó su propio plan alternativo de reinserción de presos que, hasta este momento, ha mostrado pobres resultados. Sólo un recluso, el etarra Asier Arronategi, accedió por este programa a libertad condicional tras firmar un acta notarial en la que rechazaba la violencia
El impasse de la Vía Nanclares generó una amplia incertidumbre entre los presos situados ya en la última fase del proceso, y que vieron bruscamente atascada la posibilidad de acceder a alguno de los beneficios, principalmente a los permisos.
En mayo de 2013, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un auto en el que se otorgaba un permiso de tres días de salida al histórico etarra Valentín Lasarte, una sentencia que, aunque no modificó la postura del Gobierno, sí provocó que los presos viesen en ello una posibilidad para obtener sus permisos. Desde entonces, la negativa de Instituciones Penitenciarias de concederles estos beneficios ha sido respondida con la vía judicial, mediante recursos ante la Audiencia.
En lo que llevamos de año, y especialmente durante el verano, trece presos acogidos a este programa de reinserción se han beneficiado de permisos de distinta duración, entre ellos algunos dirigentes históricos de ETA, como Valentín Lasarte, condenado a 340 años de cárcel, Jesús García Corporales, integrante del comando Madrid y sentenciado a 83 años de prisión o Carmen Guisasola, responsable de los comandos liberados de la banda.
Lasarte hoy acaba de salir de prisión. Ha cumplido 19 años de los que escuchó en sentencia. Mató a siete personas. Las vícitmas criticna que en ningún momento ha ayudado a la policía y ponen sobre la mesa un dato escalofriantes: ha cumplido dos años y siete meses por cada personas a la que quitó la vida.